domingo, febrero 01, 2009

La (in)solidaridad catalana (2)

A finales de 1851, en plena ebullición del librecambismo en España, se anuncia la nueva reforma arancelaria. Aunque estamos en un momento de la Historia en el que las ideologías que hoy llamaríamos de izquierdas aún no se puede decir que fuesen muy visibles, en parte fueron los librecambistas los que, en el curso de aquella muy agria polémica hicieron uso de algunos de los elementos demagógicos que luego se convertirán en propios de las izquierdas. Así, en uno de sus periódicos, los librecambistas describen a los industriales catalanes como «aves de rapiña de desenfrenada voracidad, lobos hambrientos que devoran la sustancia de todos los españoles, monopolistas, bárbaros de la civilización, beduínos, tiranos aborrecibles, verdugos del obrero, señores de horca y cuchillo, cuya cabeza hay que exponer en una picota en medio de la plaza pública».

La periodista Oriana Falacci dijo una vez una cosa que es muy cierta. En el mundo hay dos tipos de fascistas, que son: los fascistas, y los antifascistas. Con las mismas, en el mundo hay dos tipos de separatistas, que son: los separatistas, y los antiseparatistas.

La labor de Güell, como propagandista que era del proteccionismo catalán, se centró sobre todo en romper la idea de que Cataluña era una especie de sumidero al que se iban, en remolino, las riquezas del resto de España (¿a alguien le suena esto?). Según sus cálculos, Cataluña intercambiaba en aquel entonces mercancías con el resto de España por valor de unos 1.000 millones de pesetas, tanto de importaciones como de exportaciones, y era, además, el primer mercado para los productos agrícolas de cualquier región de España.

No obstante, desde un punto de vista, digamos, no catalán, también hay que entender que los librecambistas, debajo de su demagogia y sus insultos, tenían bastante razón. Sostenían que la intensificación de las importaciones reduciría los precios, y no se equivocaban. Y, sobre todo, recordaban que uno de los grandes problemas de la economía española decimonónica, hasta un nivel que verdaderamente hoy no podemos imaginar, era el contrabando. Pero el contrabando existía porque no pagaba aranceles, así pues vivía de que éstos fuesen altos. La idea es completamente cierta, pues hoy en día, no hay incentivo ninguno en dedicarse a contrabandear mercancías, por ejemplo, francesas.

En 1854 y 1855 se intentan, no con mucho éxito, sendas reformas arancelarias. Mientras tanto, la agitación social aparece. El 2 de julio de 1855 se produce una huelga de obreros en Cataluña y, peor aún, resulta asesinado José Sol y Padrís, que acababa de ser nombrado presidente del Instituto Industrial de Cataluña. En parte por estos sucesos tan luctuosos, algunos meses después, el 17 de diciembre, un grupo de industriales catalanes (José Mundadas, José Ferrer i Vidal y Jaumandreu) fueron escuchados ante la comisión que estaba estudiando la reforma arancelaria del ministro Bruil. Se aplicaron, sobre todo, a desmentir los argumentos que hablaban de beneficios supermillonarios por parte de los industriales catalanes. Aquella audiencia frenó la reforma, pero sólo por un corto espacio de tiempo. En 1859, 101 diputados librecambistas se reúnen bajo la presidencia de Olózaga para exigir la libre importación de diversos productos. A pesar de que los problemas ya generados, el librecambismo no abandonó sus exagerados tonos. Luis María Pastor, presidente de la Asociación para la Reforma de los Aranceles, proclamaría en un discurso: «no temáis ya a las hordas feroces de las selvas; de las ciudades brotan los bárbaros de la civilización, que intentan imponer al mundo entero el feudalismo industrial». Güell i Ferrer respondía como podía, aseverando cosas como: «Cataluña ha hecho con dinero propio sus caminos de hierro, contribuyendo a pagar los de las demás provincias. Cataluña, a pesar de la ingratitud de su suelo en fuerza de su trabajo, contribuye en mayor proporción que las demás a cubrir el presupuesto de ingresos, y no tiene probablemente la mitad de los empleados que le corresponden». Como podemos ver, la retórica procatalana, o más bien podríamos decir la retórica desde Cataluña (pues una de las desgracias estratégicas de Cataluña es que nunca ha logrado que exista una retórica procatalana desde fuera de Cataluña), se basaba hace ahora siglo y medio en el mismo concepto en que se basa hoy, es decir la balanza fiscal. Con un añadido que hoy ha desaparecido, cuando menos de momento, que es el cálculo, siquiera intuitivo, de los puestos de trabajo que se dejaban de crear en la región por no invertir en ella los dineros que se iban a otras regiones vía impuestos.

Los proteccionistas catalanes, sin embargo, nadaban históricamente contra corriente. En la segunda mitad del siglo XIX se construye el Zollverein o unión aduanera centroeuropea y, quizás más importante para nosotros, Inglaterra y Francia firman un acuerdo comercial que supone el descreste arancelario entre ambas naciones. Los sucesivos gobiernos españoles, conscientes de que no pueden quedar fuera del proceso, se apuntan al mismo y así, el 17 de julio de 1865, se firma un acuerdo comercial con Francia; que vino a combinarse con otro decreto que habilitaba legalmente al gobierno para eliminar el derecho diferencial de bandera.

En 1868, como sabemos bien, se produce la revolución llamada La Gloriosa y un viraje brusco del poder político español hacia el liberalismo, ergo el librecambismo. Laureano Figuerola, el primer ministro de Hacienda tras la revolución, abole el derecho diferencial de bandera y reduce a la mitad muchos de los derechos aduaneros.

Es entonces, en 1869, cuando los proteccionistas catalanes, que nuevamente han estado torpones en su respuesta a las presiones librecambistas, se dan cuenta de que están jugando cartas excesivamente personalistas. Es el suyo un discurso que sólo sabe hablar de protecciones, de intereses particulares, y ya por entonces, aunque no en la medida que ahora, es importante eso que hemos de llamar opinión pública. En un intento por convertirse en algo más que proteccionistas, se cambia el centro de gravedad del grupo de presión desde el Instituto Industrial de Cataluña, entidad vista como institución a la defensa de intereses particulares, por una institución nueva: Fomento de la Producción Nacional. Su propio nombre indica ya en qué medida los proteccionistas pretenden trascender su discurso hacia el bien común económico en general, y, además, hacen un notable esfuerzo por no aparecer, sólo, como catalanes.

La Comisión de Presupuestos de las Cortes tenía que estudiar la reforma de aranceles de Figuerola. Los historiadores catalanes se quejan de que en aquella comisión había siete representantes proteccionistas y 27 librecambistas. Su queja está bien, pero no tiene pase. En realidad, dentro del pensamiento económico español del momento, el proteccionismo no tenía ni de coña el peso derivado de esos siete representantes.

Dicho esto, sin embargo, lo cierto es que los librecambistas, muy bien no se portaron. Aprovecharon una reunión de la Comisión a la que el vicepresidente proteccionista, Pascual Madoz, no pudo asistir, para aprobar todo el nuevo arancel al completo. Los proteccionistas acudieron al general Prim, catalán y hombre fuerte del gobierno. Poco consiguieron. Prim decretó que la decisión de la Comisión fuese revisada por la Junta de Aranceles, en la que la mayoría librecambista era tan aplastante, que los catalanes se retiraron antes de que tomase una decisión.

Fomento de la Producción Nacional, de la mano del otro gran propagandista del proteccionismo, Pere Bosch i Labrús, hizo un viraje hacia la racionalidad. Como si hubiera sido asesorado por un moderno experto en imagen, desde FPN la industria catalana cambió su discurso y, por primera vez, admitió la posibilidad de sacrificios (esto es, de aranceles bajos), exigiendo únicamente que dichas reducciones se acreditasen compatibles con la conservación de la industria interior. Esta estrategia dio más frutos que la miope oposición frontal y estrategia del no, no, y mil veces no, que habían tenido hasta entonces los catalanes. En la reforma definitiva de los aranceles consiguieron pequeñas victorias, a las que no fueron ajenas las mediaciones de Prim y Serrano. Figuerola, liberal de libro, quería que los aranceles no pasaran en caso alguno del 25% pero, finalmente, estos impuestos protectores llegaron al 35%. Asimismo, los mínimos, que Figuerola quería colocar en el 10%, se quedaron en el 15%. Lo que pasa es que Figuerola se la metió doblada y, la verdad, los negociadores catalanes volvieron a pecar, otra vez, de escasa cintura.

Tenía el borrador de la reforma una base quinta que establecía nuevas reducciones de aranceles. Decía el texto legal que los fijados en la reforma permanecerían intocados durante seis años, a partir de los cuales se podría aplicar la base quinta, «siempre y cuando las Cortes futuras no establezcan lo contrario». Esta cláusula facultativa desapareció del texto final. Figuerola disimuló un olvido, pero es más que probable que no se olvidase.

Esta putada provocó una manifesación en Barcelona que fue precedida por una pancarta donde se leía «La Patria está en peligro», y que se dirigió al Gobierno Civil a exigir el cese de Figuerola. Tuvo que intervenir Prim para que la cláusula fuese introducida vía enmienda.

Pero Laureano Figuerola debía de ser un tío listo. En medio del follón de la cláusula facultativa uno de los líderes proteccionistas catalanes, Puig i Llagostera, le había enviado un telegrama al parecer en unos tonos bastante inadecuados entre caballeros. Como veis, la torpeza catalana a la hora de gestionar su imagen es un leiv motiv durante todos estos años. Todo lo que tuvo que hacer Figuerola fue leer aquel telegrama en pleno y encabronar a lo señores diputados, ya de por sí poco proclives a aprobar restricciones proteccionistas. La reforma quedó aprobada por 119 votos contra 31, portando en su interior la simple y pura crónica de una reducción anunciada en los ya bajos aranceles que fijaba, a seis años vista.

Figuerola fue apeado del Ministerio de Hacienda. La causa fue la fuerte oposición que generó su decisión de constituir dos empréstitos por valor de 3.000 millones de pesetas. Pero se las arregló para volver apenas cuatro meses después. Inmediatamente, los proteccionistas temieron que llevase a cabo su proyecto de cerrar un acuerdo comercial con Inglaterra. Como podemos ver, el lobby proteccionista volvía a tropezar en la misma piedra, en la misma ciega piedra de siempre, pues de nuevo negaba la mayor, la propia firma de un acuerdo comercial, sin darse cuenta de que los tiempos lo exigían.

Con todo, el sneaky Figuerola se la metió doblada por donde menos lo esperaban. En marzo de 1870, los catalanes se enteraban por la prensa, literalmente, de que un mes antes se había firmado un acuerdo comercial con Bélgica. La bomba de aquel tratado era un artículo en el que España se comprometía a no modificar al alza sus tarifas con Bélgica. La jugada de Figuerola fue maestra: puede que los proteccionistas lograsen modificar el arancel en las Cortes españolas. Pero, en lo que se refería a Bélgica (y a cualquier otro con el que se firmase lo mismo), esa decisión sería papel mojado.

Alarmado por este tratado y el más que posible con Inglaterra, Fomento convocó una reunión de entidades económicas en Barcelona el 22 de marzo. De dicha asamblea salió la decisión de formar una comisión que se fuera a decirle al gobierno que así no se podía seguir. Pero al loro con los apellidos de los miembros de dicha comisión: Bosch i Labrús, Salom, Pons, Orellana y Romaní. Una representación básicamente catalana. Los proteccionistas seguían cojeando del mismo pie, ello a pesar de que la nómina de los contrarios al arancel ya tenía plenamente ganados a los cerealistas castellanos, los arroceros valencianos, o los azucareros aragoneses y andaluces.

Afortunadamente para ellos, rectificaron. Para cuando Bosch i Labrús se presentó en Madrid, guardaba en su cartapacio cartas de adhesión de los círculos proteccionistas de Zaragoza, Valladolid, Pamplona, Santander, Bilbao, Palencia, Burgos, Salamanca, Segorbe, Alcoy, Castellón de la Plana, Málaga y Valencia. Tampoco era como para tirar cohetes, pero suficiente como para desmentir que todo aquello oliese sólo a butifarra. Gracias a ello, la comisión consiguió del gobierno que instase modificaciones en los tratados ya firmados aseverando la soberanía de las Cortes españolas de modificar los aranceles, imponiéndose a las previsiones de los propios convenios.

La llegada de la I República, si embargo, supuso un enorme paso atrás para los proteccionistas en este terreno de la imagen. Dado que el gran problema de esa primera república fue el federalismo, los agitadores de la opinión antiproteccionista encontraron terreno abonado para sus tesis. En los periódicos de Madrid comenzó a darse pábulo al rumor de que Cataluña iba a separarse de España. Otros periódicos fueron más lejos, afirmando que «con el advenimiento de la República, España ha pasado a ser patrimonio de Cataluña: el presidente del poder Ejecutivo (Estanislao Figueras), catalán. El ministro de la Gobernación, catalán. El ministro de Hacienda, catalán. De los 49 gobiernos provinciales, 32 están desempeñados por catalanes. Pues todavía no están contentos. Será necesario darles homogéneo, todo él catalán, los 17 gobiernos provinciales que les faltan, y que el resto de España les pague un crecido tributo, para que nos dispensen el obsequio de no declararse independientes ni piensen en mudar su nacionalidad. No tienen la culpa los catalanes, sino los castellanos, los aragoneses, valencianos, andaluces, extremeños, gallegos y demás españoles que lo sufren y lo consienten».

Una vez más, los lobbystas catalanes iban a dar muestras de torpeza. Porque se puede ser algo torpe cuando se pierde; es lo que se llama no saber perder. Pero la mayor ocasión para hacer el cretino es cuando se gana. Los catalanes ganaron. Y ganaron porque tenían que ganar. En junio de 1875 Pedro Salaverría, ministro de Hacienda, presentó al rey un decreto por el cual se suspendía la aplicación de la famosa base quinta de la reforma arancelaria, justo cuando, seis años después, tenía que comenzar a aplicarse. Pero no fueron los proteccionistas los que metieron ese penalty. Fue la situación en sí. Tras el desastre republicano, o más bien en medio de él, el Estado apenas tenía ingresos para sostener los gastos militares. No tenía más remedio que incrementar los aranceles para tener más ingresos en el corto plazo. Sin embargo, a causa, como digo, de la torpeza de quienes no supieron leer estratégicamente párrafos como el que he copiado unas líneas más arriba, esa victoria fue vista como una victoria de los intereses particulares de los industriales catalanes, dada la escasa ambión que tuvieron éstos, en el momento de la victoria, por explicar que era una victoria para todos.

Ya en la Restauración, llegó la crisis económica, que dio alas a los proteccionistas a la hora de defender sus reivindicaciones. Pero, por hoy, descansemos.