jueves, febrero 05, 2009

Asilados (1)

Casi desde que existe el hombre, hay sociedades. Casi desde que hay sociedades, hay naciones. Caso desde que hay naciones, hay embajadas. Y casi desde que hay embajadas, existe algo parecido al derecho o la práctica de asilo.

Una embajada es una isla territorial. Geográficamente hablando está inmersa en un país; pero no es ese país, sino aquél al que representa. Un ciudadano de los Estados Unidos pone el pie en su nación cuando entra en la embajada de la calle Serrano de Madrid. Lo cual tiene como consecuencia inmediata que las autoridades españolas tienen que moverse, dentro de ese edificio, pidiendo permiso. O no actuar en lo absoluto.

Esta es la clave del asilo diplomático. Cuando el natural de un país siente que se encuentra en peligro dentro de él; cuando es perseguido por razones incompatibles con los derechos del hombre, es decir por pensar de una determinada manera, por tener la piel negra o por no querer ponerse un velo, el lugar más cercano y asequible donde huir es una embajada. La frontera real del país que nos persigue, que es el nuestro propio, puede llegar a estar muy lejos. Pero las embajadas y consulados están a un par de estaciones de Metro, o a una hora de autobús.

Nosotros, los españoles, hemos disfrutado muy recientemente de las bondades del asilo político. No pocos de nuestros exiliados del franquismo han tenido la consideración de asilados políticos, protegidos por lo tanto por su país de acogida contra el intento de España de detenerlos o incluso algo peor.

Pero también ha habido momentos en los que España no ha estado demasiado de acuerdo en que ciudeadanos españoles fuesen asilados. Y me refiero a nuestra guerra civil. La guerra, tras el primer golpe que delimitó las zonas de dominación de un bando y de otro, consolidó Madrid bajo el control de la República, como es bien sabido. En Madrid, como en otras muchas partes de la España republicana y la nacional, se desató, en ese momento, una gran represión en la persona de quienes eran considerados enemigos del régimen. Aunque había consulados en muchos sitios, lo cierto es que la situación existente en Madrid presenta elementos diferenciadores respecto de otras ciudades de España, con la excepción tal vez de Barcelona, por la presencia en la ciudad de las embajadas; la zona nacional, por su parte, tiene una triste e injusta ventaja en esto, pues en sus áreas de control escasa era la presencia diplomática y, por ello, los testimonios existentes son muchos menos.

Por las razones que ya he explicado, no fueron pocos los que, sintiéndose perseguidos, decidieron que el asilo en una legación era su mejor oportunidad de sobrevivir. Lo cual generó una muy tensa situación entre el gobierno republicano y algunas representaciones diplomáticas, en hechos que conforman una pequeña historia dentro de la Historia.

El 15 de julio de 1936, tres días antes del golpe de Estado nacional por lo tanto, se había constituido en San Sebastián, como era costumbre, el llamado Ministerio de Jornada, que era una especie de ministerio de verano destinado a servir de contacto entre el gobierno español y los embajadores en sus lugares de vacaciones (la razón de que el ministerio radicase en San Sebastián estriba en que la capital donostiarra era la Marbella de la época). Sin embargo, a pesar de ello, cuando estalla la guerra civil hay unos cuantos embajadores que siguen en Madrid. Para ser concretos, se trataba de: Aurelio Núñez Morgado, embajador de Chile y decano del cuerpo diplomático; y Alcibíades Pecanha, embajador de Brasil. Asimismo, había ministros plenipotenciarios, por lo tanto no embajadores pero con cierto poder de decisión, como Lasso de la Vega (Panamá), Daniel Castellanos (Uruguay), Juan de Osma (Perú), Karl Egger (Suiza), Tsien-Tai (China), Raúl Contreras (El Salvador), Tevfik Kamil Koperler (Turquía), Plácido Sánchez (Bolivia), César Tolentino (R. Dominicana), Kristoph Boeck (Dinamarca), Carlos Uribe (Colombia), Stanoyé Pelivanovitch (Yugoslavia); así como encargados de negocios como Virgilio Rodríguez Beteta (Guatemala) y Manuel Pichardo, de Cuba. Por último, en algunas embajadas los embajadores habían dejado consejeros al cargo de todo durante el verano. Era el caso de Hermann Voarckers, de Alemania; Edgardo Pérez Quesada, de Argentina; Nicolás Karastoyanov, de Bulgaria; Zdanko Formanek, de Checoslovaquia; Eric Wenjean, de Francia; George Ogilvy-Forbes, de Gran Bretaña; Teiichiro Takaoka, de Japón; Juan F. Urquidi, de México; D. R. Flaes, de Holanda; conde Leopoldo de Koziebrodzki, de Polonia; vizconde de Riba Támega, de Portugal; Constantino Zanesco, de Rumania; y monseñor Tito Crespi, de la Santa Sede, entre otros. Incluso habría otros diplomáticos de menor rango, como el vicecónsul noruego Félix Schlayer, que acabarían jugando un papel importante en el asunto de los refugiados. Schlayer se reivindicó, por cierto, como descubridor de los fusilamientos masivos de Paracuellos del Jarama.

La primera preocupación de esta caterva de representantes diplomáticos fue, naturalmente, abordar la protección de los intereses extranjeros en España, a los que ellos, al fin y al cabo, representaban. A tal efecto, se convocó una primera reunión el 24 de julio en el número 26 de la calle del Prado, donde estaba, y honradamente no sé si sigue, la embajada de Chile. En esa reunión ya se abordó el primer caso de amparo, aunque no en la persona de ciudadanos españoles, sino de unos sesenta austriacos a los que la guerra pilló en Madrid (y, teniendo en cuenta la deriva nazi de Austria, es de suponer que no serían muy bien vistos) sin tener representación diplomática que les atendiese.

El primer incidente del que tengo noticia con personas extranjeras se produce el día 20 de julio y es la muerte, desconozco las circunstancias (aunque el representante suizo habló de asesinato), del ciudadano suizo doctor Mathille. El segundo ocurre alrededor del día 30 de julio. Se trata de un grupo de monjas bolivianas que se encontraban en un convento en Carabanchel y que, raudas, viendo la que se estaba montando, o sea que ser monja empezaba a no ser ningún chollo en aquel Madrid, se dirigieron a su embajada para solicitar volver a casa. Los diplomáticos en servicio fueron a buscarlas al convento, pero sus coches fueron, siempre según el relato del representante boliviano, detenidos por milicianos, los cuales cachearon a las monjas hasta que se llevaron todo lo que llevaban de valor. También murió en esos días un ciudadano británico que vivía en la Gran Vía y que se asomó al balcón durante una manifestación. Mala decisión.

Los reportes se suceden, hasta el punto de dejar bastante claro, al menos según mi opinión, que es absolutamente cierto que el gobierno de la República no mandaba una mierda en esos primeros días y los grupos de milicianos actuaban cada uno a su bola y a placer. En Barcelona y Santander, mueren dos súbditos alemanes. En el convento de las Reparadoras de Madrid, en el que entran las milicias, la monja uruguaya hermana Doussinague es molestada y vejada por los milicianos. La esposa del cónsul finlandés en San Sebastián muere a causa de unos disparos. Un desconocido dispara y hiere al canciller de Egipto. El apartamento del secretario de la embajada china, señor Hoo, es tiroteado, con lo que cabe imaginar que el señor secretario debió declamar su apellido a voz en grito. Míster Hoo vivía en Velázquez, 71; era, pues, prácticamente vecino de José Calvo Sotelo, quien para entonces ya no estaba en condiciones de oírle gritar. Otro tanto, y me refiero al tiroteo, le pasa al apartamento del agregado de prensa alemán.

A todos estos problemas se une el derivado de que los domicilios de ciudadanos extranjeros están siendo revisados como los de cualquier nacional. En caso de guerra resulta difícil sostener que el domicilio sea inviolable (como dijo Groucho Marx, ¡es la guerra!); pero en el caso de los extranjeros la cosa cambia. Sin embargo, esta queja del cuerpo diplomático deja bastante claro algo que es fácil de intuir, y es que las partidas de milicianos que tomaron el poder efectivo de las calles de Madrid en esas jornadas no dominaban las sutilezas del derecho internacional de extraterritorialidad.

El problema del asilo se plantea en la reunión del cuerpo diplomático de 4 de agosto.

El representante de Yugoslavia es quien lo pone sobre la mesa, indicando que hay que partir de la base de que el gobierno español va a velar por la vida y la integridad de todos sus ciudadanos y que, por lo tanto, no compete conceder a españoles derecho de asilo en las embajadas. Otros representantes, como el de Dinamarca, se inclinan por una interpretación distinta y defienden que el gobierno español debe respetar las acciones de asilo que realicen las embajadas. Esta posición es apoyada por el decano, el embajador chileno, quien basa su defensa del derecho de asilo en elementos humanitarios. Finalmente, los diplomáticos hicieron lo que hacen siempre cuando no están de acuerdo: prometieron pensárselo un poco más, y le dieron al asunto una elegante patada a seguir. Las discusiones prosiguen durante los siguientes días. Básicamente, los contrarios al asilo, al parecer liderados por Yugoslavia, argumentan que el derecho de asilo es algo que ha caído en desuso en Europa; idea que supongo se basada en considerar la doctrina de los derechos humanos plenamente consolidada en el continente, algo que un tal Adolfo se estaba ya empeñando en desmentir con vehemencia. Las razones de los partidarios estaban, como he dicho, en el contenido humanitario del asilo.

En esos primeros días de agosto, el gobierno republicano comete su primer error gordo, su primera gran cagada, con el cuerpo diplomático. En puridad, no es el gobierno quien comete ese error; pero resulta ser igualmente responsable a causa del escaso control efectivo que ejerce sobre los hombres armados en el bando republicano.

Siete religiosos colombianos que trabajaban en el manicomio de San Juan de Dios de Ciempozuelos solicitan a su embajada el regreso al país. La legación les facilita papeles compulsados por el Ministerio español de Estado en los que figuran como enfermeros de profesión. Los siete sacerdotes, vestidos ya de civil, son llevados al tren de Barcelona, para poder tomar allí un barco.

El cónsul colombiano en la ciudad condal los esperó inútilmente en la estación. Unas horas después, los siete cadáveres aparecieron en el depósito.

El crimen de los siete sacerdotes colombianos fue, si cabe, más estúpido que la media, además de premeditado, si hemos de creer al testimonio del propio representante colombiano en Madrid, el cual relató al cuerpo diplomático que, cuando estaban embarcando en el tren para Barcelona, se le acercó alguien preguntándole si algún viajero venía de Ciempozuelos. Los colombianos, pues, habrían salido ya de Madrid «marcados».

La cagada del gobierno español tiene que ver con el cambio de actitud del cuerpo diplomático. Hasta ese momento lo vemos dividido y, aunque las discusiones seguirán, adoptará la clara unanimidad (como no podía ser de otra manera) a la hora de repugnar estos hechos. Bueno, no total, porque el representante francés, en uno de esos arabescos raros que tiene la diplomacia, se aviene a apoyar la nota de protesta ante el gobierno español en lo que se refiere a protestar porque al cónsul colombiano en Barcelona no se le están dando seguridades para su integridad; pero se niega a respaldarla en lo que se refiere a la protesta por el asesinato de los siete religiosos.

A mediados de agosto prosigue la discusión en torno a la aplicación del derecho de asilo, pero en parte es una discusión baladí, porque quienes son partidarios de aplicarlo han ido a una política de hechos consumados. Sabemos, por ejemplo, que para entonces cuando menos la embajada de Chile estaba ya llena de refugiados. Por parte de los países menos proclives a meterse en ese jardín, las posturas se van definiendo. La embajada de Estados Unidos, por ejemplo, aseveró, desde el primer momento, que su política sería dar asilo a quien se lo pidiese, y entregárselo después al gobierno español una vez recibidas de él las oportunas garantías de integridad para los refugiados; lo cual es una de esas soluciones tan propias de la diplomacia, que no solucionan nada. El representante francés comunicó en agosto que tenía autorización de París para irse de España. Y el de Gran Bretaña (los ingleses, siempre tan implicados en todo lo que no es inglés) informó de que tenía autorización de Londres para cerrar la embajada y pirarse.

Otro campo en el que las disensiones entre los diplomáticos se hicieron patentes fue la propia actitud ante los hechos que se estaban produciendo. Algunos diplomáticos, los menos proclives a la República, defendían la idea de marcharse; pero, conscientes de que esa decisión tomada individualmente apenas tendría significado, defendían que la decisión, si se tomaba, debía ser mancomunada. La intención de quedarse de diversos representantes, tales como el argentino, el mexicano o el turco, hizo que, de hecho, la decisión consensuada fuese la de quedarse.

Es en ese momento cuando el gobierno español mueve ficha.

A finales de agosto (la reunión se trató en la sesión del cuerpo diplomático del día 20) Núñez Morgado, en su calidad de decano del cuerpo, fue recibido por el ministro de Estado, quien le ofreció todas las garantías de que las peticiones de las embajadas serían atendidas. Eso sí, el gobierno de la República fue firme, dentro de los típicos circunloquios educados que presiden todo diálogo entre diplomáticos, al advertir a los embajadores y representantes que consideraría su marcha como un gesto hostil.

En esa reunión se habló de que había españoles asilados en las embajadas. No es que hiciera falta informar al gobierno español, que lo sabía bien. Pero es el caso que se citó. Pero, por lo que sé, no parece que se iniciase una discusión abierta sobre si procedía o no aplicar el derecho de asilo.

Los problemas continuaron. En esas semanas, Vicente Noguera, español por lo tanto pero al mismo tiempo cónsul honorario de Polonia en Valencia, fue asesinado mientras embarcaba para marcharse de España. Asimismo, en esos días la embajada de Venezuela y la de Gran Bretaña reportaron sendas visitas de milicianos quienes, buscando a alguien, pretextaron tener pleno derecho a entrar y revisar las legaciones.

El día 21 de agosto, el cuerpo diplomático decide comunicar al gobierno de Madrid su protesta por un hecho que parece, como poco, curioso: la correspondencia a algunas embajadas llega abierta por la censura. El 1 de septiembre, los representantes de Portugal, Alemania, Dinamarca y Uruguay comunican su traslado a Alicante por razones de seguridad personal. En el caso, sobre todo, del representante alemán, no nos cuesta entender los porqués de la medida.

A principios de septiembre se produce un hecho casi anecdótico pero que es muy revelador a la hora de mostrar la actitud , más que la actitud la preocupación, de la República por la postura de los diplomáticos extranjeros. Se acaba de nombrar nuevo gobierno, el famoso «de la victoria» que presidiera Francisco Largo Caballero, en el que fue nombrado ministro de Estado el socialista casi comunista, y cada vez menos socialista y más comunista, Álvarez del Vayo. Lo que un ministro de Asuntos Exteriores tiene que hacer es esperar a que el cuerpo diplomático le cumplimente; no es normal que se adelante él. Pero eso fue lo que hizo Álvarez. Sin esperar a que el decano chileno le pidiese audiencia, se la concedió. En la misma, el ministro ofreció (again) todas las garantías para las legaciones diplomáticas y aseguró el pleno control por parte del gobierno de las acciones de las masas y grupos políticos. En consecuencia, remachó Álvarez del Vayo, el gobierno español espera que el cuerpo diplomático permanezca en Madrid.

El motivo de tan apresurada entrevista es muy fácil de adivinar. En septiembre, los muchos que en el bando republicano habían especulado con una guerra civil de unos días en la que los alzados serían vencidos fácilmente, ya han sido desmentidos. La guerra se consolida y, además, tiene muchos frentes. Y uno de ellos es el diplomático. El anuncio de cuatro representantes en el sentido de abandonar Madrid (aunque sea, en principio, para permanecer en zona republicana) no debió sentar nada bien en el gobierno. Era preciso dejar bien claro que los embajadores seguían viendo a la República como el gobierno de España.

Otra cosa que dijo en esa entrevista Álvarez del Vayo, si hemos de creer las actas de las reuniones del cuerpo diplomático, fue que el gobierno haría todo lo posible para que cesasen loos crímenes y atropellos de personas. Más aún: se dio un plazo de dos días para demostrar fehacientemente que controlaba la situación.

Días después de esta promesa, un grupo de milicianos se presentó en la embajada de Chile exigiendo la entrega de una persona que decían estaba dentro. Ante la negativa del embajador a dejarles entrar, no insistieron, pero montaron un puesto de guardia paralelo que cacheaba a todas las personas que pretendían entrar en la embajada.

La situación, con todo, empeoraría más. Para ser más concretos, con el asesinato de Colón.

lunes, febrero 02, 2009

La (in)solidaridad catalana (y 3)

En un entorno de mayor fuerza, las posiciones de los proteccionistas se fueron haciendo más intransigentes. Tras un intento en la Junta de Aranceles para restablecer los derechos diferenciales, fallido, abandonaron dicha Junta. En 1880 escenificaron un nuevo abandono, esgta vez la Comisión de Información Arancelaria, que tenía que estudiar la situación de la industria lanera y cuyas conclusiones no les gustaron. Otra vez el espíritu, llamémosle escasamente negociador. Y como las desgracias nunca vienen solas, sobre este nuevo error estratégico proteccionista se cernió de nuevo la desgracia, pues el gobierno Cánovas, en el poder, le dejó el sitio al gobierno Sagasta, de corte decididamente liberal. El 7 de julio de 1881 Sagasta, ante las graves diferencias existentes en torno a la reforma del arancel, decide dejar la cuestión en suspenso.

El objetivo de los librecambistas era que se aplicase la famosa base quinta de la reforma de 1869, la que establecía el progresivo desarme arancelario de las mercancías españolas. Ante esta idea, los proteccionistas opusieron una estrategia obstruccionista en la que pretendían colocar en la legislación una provisión que claramente estableciese que ninguna reforma del arancel sería posible sin una amplia consulta a las fuerzas económicas y sociales y la aprobación de las Cortes; sistema que introducía una notable rigidez en la organización económica. Más allá, las organizaciones de productores catalanas respondieron con una movilización sin precedentes cuando se anunció la intención de negociar un acuerdo comercial con Inglaterra. Sólo el 26 de junio de 1881 se celebraron en Barcelona cinco mitines multitudinarios sobre el asunto. Algunas semanas después, en octubre, el gobierno liberal dejaba bien claro en las Cortes que pensaba llevar a cabo las ideas y estrategias que había defendido cuando estaba en la oposición.

Finalmente, el gobierno, a través de Camacho, su ministro de Hacienda, presentó un proyecto de reforma económica dentro del cual se incluían, como medidas de comercio, el establecimiento de un régimen de cabotaje entre los puertos de la península y los de Cuba, Puerto Rico y Filipinas; y una progresiva reducción de aranceles en consonancia con la base quinta, si bien no se aclaraba el momento. La temperatura de la polémica subió de grado cuando el Consejo de Estado rechazó dicha reforma, por 14 votos contra 13. El empate primero fue deshecho por el presidente de la institución, que se llamaba Víctor Balaguer. El apellido lo dice todo, ¿eh? Pues sí: era catalán.

Los librecambistas, a través de Camacho, reaccionaron como en el pasado, es decir haciendo uso de la potestad gubernamental de cerrar acuerdos de comercio. Fruto de ello fue la firma el 6 de febrero de 1882 de un tratado comercial con Francia que fue recibido por la prensa especializada económica con el anuncio de que destruiría la industria catalana y preguntándose si había sido firmado como «venganza de no sabemos qué agravios».

El tratado con Francia fue, desde algunos puntos de vista, un intento de fomentar aquello que España tenía y que era competitivo por ahí fuera, es decir el vino. Aquellos proteccionistas decimonónicos sostenían unas ideas que eran, como he dicho al inicio de estos comentarios, muy intuitivas. Pero que el proteccionismo sea intuitivo no quiere decir que sea acertado. El problema que tiene, y que los proteccionistas no sabían ver, es que el proteccionismo deteriora la competitividad, hace a las industrias menos eficientes e imposibilita que puedan ganar mercados. No por casualidad, en aquella economía española que llevaba décadas luchando por un desarme arancelario que no terminaba de llegar (en realidad, no llegaría hasta 1986, con nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea), los únicos productos verdaderamente competivivos eran aquéllos que lo eran por sus características esenciales, es decir los agrícolas, y muy notablemente el vino.

El acuerdo con Francia de 1882 marcó unas notables ventajas para el vino español en el mercado francés, a cambio de lo cual España otorgaba a Francia el estatuto de nación favorecida y establecía unos aranceles muy similares, y en casos inferiores, a los establecidos en la primera fase de la base quinta.

En abril de 1882, cuando comenzó la discusión del acuerdo en las Cortes, Barcelona tuvo que ponerse bajo autoridad militar, tan bestias fueron los conflictos que allí se produjeron. El debate fue fosco y agrio. Un diputado apeló al ministro de Fomento, José Luis Albareda, invitándole a que «se de una vuelta por nuestras provincias y, sobre todo, por Cataluña, a la que se conoce en Castilla lo mismo que los franceses conocen a España, por las descripciones de Alejandro Dumas, y de la que hay formada, hasta por serios ministros de Fomento, la idea de que sus fábricas son como las que estamos acostumbrados a ver aquí en Madrid, establecidas en un tercer piso de una casa de vecindad, con tres o cuatro obreros». El problema es que junto a estos argumentos, plenos de racionalidad y que están en el fondo del sentimiento catalán de que Cataluña es diferente, los diputados de aquella tierra sacaron también a pasear su tradicional tono apocalíptico, que es lo más antipolítico que hay. El diputado Teodoro Baró, sin ir más lejos, anunció que a causa del acuerdo (de un acuerdo comercial) España iba a hermanarse con «las naciones primitivas, cuyo único medio de vida consiste en el pastoreo». Ejem...

El tratado fue aprobado por 237 votos contra 59. Y el 6 de julio de 1882, el rey firmaba la ley por la que se restablecía la base quinta. Este paso librecambista se combinó con otra nueva liberalización, en 1883, ya aprobada bajo el ministro Justo Pelayo dado que Juan Francisco Camacho había tenido que dimitir.

En 1884, sin embargo, los liberales abandonan el poder, que vuelve a manos de Cánovas del Castillo. Cánovas, personalmente, tenía conviciones proteccionistas muy profundas. Sin embargo, el carácter fuertemente clasista de esta doctrina económica hacía que incluso dentro de su partido conservador hubiese librecambistas; a lo que se unió el hecho palmario de que a finales del siglo XIX se estaba produciendo el mometno de mayor hegemonía político-económica de Inglaterra en Europa, y que desde Londres se quería defender a capa y espada el acuerdo comercial vigente. Por ello, en febrero de 1884 ese mismo gobierno conservador de núcleo proteccionista presentó en las Cortes el proyecto de acuerdo para ratificar el acuerdo comercial con Inglaterra.

Los industriales catalanes inundaron Madrid de telegramas, en su habitual tono milenarista, es decir prediciendo, como de costumbre, la llegada de las Siete Plagas de Egipto sobre Cataluña si el tratado se aprobaba. En parte por esta presión, en parte por otros motivos, el acuerdo con Inglaterra se empantanó, y empantanado seguía cuando Alfonso XII murió.

Como es bien sabido, Cánovas juzgó, a la muerte del rey, que para afrontar la nueva etapa en condiciones de total estabilidad política lo mejor era resignar el poder y dar paso a un nuevo periodo sagastino. Don Práxedes Mateo volvió a confiar en Juan Francisco Camacho para el ministerio de Hacienda, y éste, una vez llegado ahí, activó automáticamente su software librecambista. Su primera decisión fue solicitar, en 1886, que todos los tratados comerciales vigentes, y que venían en 1887, quedasen prorrogados hasta 1892. No obstante, los proteccionistas hicieron valer su influencia y consiguieron bloquear en parte las intenciones de Camacho (quien, por cierto, poco después tuvo que dimitir de nuevo), pues pararon la aplicación de la segunda fase de la famosa base quinta, que estaba prevista para 1887.

A los proteccionistas les vino Dios a ver con la escisión del partido conservador. Romero Robledo, conspicuo canovista, se separó de él para fundar el partido liberal reformista, el cual, a pesar de su nombre, hizo inmediata profesión de proteccionismo. Esto movió a Cánovas a afianzar aún más sus afanes proteccionistas. Como consecuencia de este movimiento, el 3 de diciembre de 1887 se presentó en el Congreso una proposición de ley para derogar la base quinta. La firmaban Antonio Cánovas, Francisco Silvela, el conde de Toreno, Raimundo Fernández Villaverde, Francisco Cos Cayón, el vizconde de Campo Grande y Francisco Rodríguez Sampedro; el gotha conservador, pues.

En marzo de 1889, por cierto, Fomento del Trabajo Nacional y Fomento de la Producción Española, dos de las grandes entidades industriales catalanes, se fusionan en Fomento del Trabajo Nacional, institución aún hoy existente e integrada en la CEOE.

Regresado Cánovas al poder, la iniciativa amagada en su proyecto de ley tomó cuerpo. La Ley de Presupuestos de 1890 establece, en su artículo 38, la habilitación genérica al gobierno para que modifique los aranceles de aduanas «en lo que convenga a los intereses nacionales». Cabe decir que esa medida dio un poco la ídem del relativo cinismo del proteccionismo catalán el cual, como siempre le ocurre a los grupos de interés, tenía tendencia a ver la paja en el ojo ajeno y desconocer la viga en el propio. Durante todo el siglo, los proteccionistas habían reaccionado como la Gata Flora cada vez que alguien había intentado abrogarse en el gobierno competencias para mover los aranceles por su cuenta. Habían dicho los proteccionistas, por activa y por pasiva, que los aranceles sólo los podían mover las Cortes. Sin embargo, contra este artículo 38, que sostenía precisamente lo que ellos siempre habían atacado, no dijeron ni pío.

Ya plenamente enrolado en el proteccionismo, el gobierno, no sin mediar la oportuna formación de una comisión de estudio de ésas que, como las de investigación, estudian e investigan lo que en cada momento place, decretó que lo que la economía española necesitaba era la derogación de toda la legislación arancelaria y la denuncia de los tratados comerciales, amén de defender el derecho preferencial de bandera, es decir que el único cabotaje o comercio libre que se pudiera realizar entre la península y sus colonias fuese bajo bandera española. Un decreto con fecha de la Nochebuena de 1890 derogaba la base quinta y elevaba automáticamente los aranceles a la carne, el arroz, el trigo y las harinas, amén de crear una comisión para la elaboración de un nuevo arancel y organizar la denuncia de todos los acuerdos comerciales existentes.

Hay gente, por cierto, que se extraña un poco de que cuando, quince años después, España necesitó y no obtuvo de un solo país europeo el más mínimo apoyo en su enfrentamiento con Estados Unidos a cuenta de Cuba, la razón de ello fue que nadie quería pelearse con Estados Unidos. Razón cierta. Como también es cierto que porcentajes no menores de la postura de algunas cancillerías se explican, más bien, por el contenido de la norma que acabamos de recordar. Ello a pesar de que, como no podía ser de otra forma, apenas dos años después de esta reforma, España se vio obligada a firmar nuevos acuerdos comerciales con diversas naciones (no sin que ello provocase las airadas protestas proteccionistas de costumbre).

Allá por 1903, hasta los proteccionistas admitían que había que reformar el arancel de 1891, pues éste ya no respondía a la realidad de la industria española. Dicho de otra forma: había nuevos sectores, nuevas actividades, que se habían desarrollado y que era necesario proteger, según su punto de vista. Punto de vista curioso pues, si esas nuevas producciones habían surgido y crecido sin protección arancelaria, ¿no era acaso eso una negación en la práctica de la teórica proteccionista?

La comisión que diseñó el nuevo arancel estaba formada por Pablo de Alzola como presidente, y Francisco Sert i Badia, Juan Sitges, José Prado y Constantino Rodríguez. El trabajo diseñado respondía con bastante fidelidad a las peticiones proteccionistas. Sin embargo, su puesta en marcha no fue posible por el intenso periodo de inestabilidad institucional en que entró España en esos años. Sin embargo, en 1906 se hizo necesario actuar, pues estaban a punto de vencer los acuerdos comerciales y había que negociar otros. Fomento del Trabajo realizó una campaña intensa frente a los diputados. Como consecuencia de estas presiones, el 15 de diciembre de 1906 se leyó en las Cortes por Amós Salvador, ministro de Hacienda, el proyecto para la aprobación del arancel diseñado por la comisión. El real decreto definitivo es de 23 de marzo de 1906, y es una rara avis en la historia jurídica de aquella época, pues sobrevivió nada menos que hasta 1922.

En el primer cuarto del siglo XX, pues, la política arancelaria fue decididamente proteccionista, generando con ello el mito. Mito que fue agria y repetidamente blandido en las Cortes de la República por aquellos diputados de las derechas que se oponían al Estatuto de Cataluña. En efecto, la lectura de las actas de aquellas sesiones en las que un político tan poco procatalanista como Azaña tuvo que desplegar todos sus recursos en defensa de la autonomía está trufada de intervenciones que machacan, machacan y machacan con la idea de que el proteccionismo catalán fue un interés particular que doblegó al resto de España en su interés.

Como siempre en las grandes ideas del debate histórico, el asunto tiene su parte de certitud, y su parte de estupidez. La estupidez proviene de la pregunta sobre exactamente qué crecimiento cercenó el proteccionismo en un país cuya propensión a la industria era nula y sus esfuerzos para acercarse al fenómeno, prácticamente inexistentes. Desde tiempos de Felipe II hasta los que ya hemos relatado en parte del marqués de Salamanca, el concepto castellano de millonario es el rentista; un hombre cuyo mayor contacto con la actividad económica es ser terrateniente y que fía su futuro económico a la especulación, sobre todo con los títulos de deuda. El librecambismo español era una doctrina económica que formaba parte de un modo de pensamiento liberal. Pero carecía de elementos interesados, de agentes económicos beneficiados que lo pudieran proteger.

Por el otro lado, es absolutamente cierto que el proteccionismo era un elemento de política económica generado y animado por un interés meramente particular, que existía en áreas del País Vasco, de Castilla y de Andalucía, pero era fundamentalmente catalán y que además los catalanes apenas se preocuparon de hacer verdaderamente español. Los proteccionistas catalanes pronosticaron hecatombes librecambistas que nunca llegaron y, por el camino, pusieron su granito de arena en la construcción de lo tres grandes problemas sempiternos de España como economía, a saber: somos caros, somos poco productivos y, consecuentemente, no somos capaces de generar lo capitales propios que necesitamos para financiarnos. Es falso adjudicar estos males al proteccionismo, pero no lo es tanto aseverar que este mal de la economía española moderna comenzó con él. Quien no compite, se duerme. Se acostumbra a contemplarse a sí mismo y vivir como si el mundo terminase ahí, a escasos veinte centímetros de su nariz.

Y, desde luego, si algo ha dejado la polémica proteccionista, si un efecto duradero ha generado, ha sido el conflicto Madrid-Barcelona, o Centro-Periferia si se prefiere. Un nacionalista catalán tiene todo el derecho a pensar que todo lo que siente proviene de sus aspiraciones políticas. Un, digamos, nacionalista de Madrid también puede pensar que todo lo que piensa lo piensa por cosas que han ocurrido, digamos, en los últimos diez o veinte años. Ambos, en mi opinión, se equivocan. Ambas actitudes, probablemente sin saberlo (porque la Historia, hoy, en España, la conocen cuatro freaks mal contados), ya eran las de sus tatarabuelos, y aún más allá.

domingo, febrero 01, 2009

La (in)solidaridad catalana (2)

A finales de 1851, en plena ebullición del librecambismo en España, se anuncia la nueva reforma arancelaria. Aunque estamos en un momento de la Historia en el que las ideologías que hoy llamaríamos de izquierdas aún no se puede decir que fuesen muy visibles, en parte fueron los librecambistas los que, en el curso de aquella muy agria polémica hicieron uso de algunos de los elementos demagógicos que luego se convertirán en propios de las izquierdas. Así, en uno de sus periódicos, los librecambistas describen a los industriales catalanes como «aves de rapiña de desenfrenada voracidad, lobos hambrientos que devoran la sustancia de todos los españoles, monopolistas, bárbaros de la civilización, beduínos, tiranos aborrecibles, verdugos del obrero, señores de horca y cuchillo, cuya cabeza hay que exponer en una picota en medio de la plaza pública».

La periodista Oriana Falacci dijo una vez una cosa que es muy cierta. En el mundo hay dos tipos de fascistas, que son: los fascistas, y los antifascistas. Con las mismas, en el mundo hay dos tipos de separatistas, que son: los separatistas, y los antiseparatistas.

La labor de Güell, como propagandista que era del proteccionismo catalán, se centró sobre todo en romper la idea de que Cataluña era una especie de sumidero al que se iban, en remolino, las riquezas del resto de España (¿a alguien le suena esto?). Según sus cálculos, Cataluña intercambiaba en aquel entonces mercancías con el resto de España por valor de unos 1.000 millones de pesetas, tanto de importaciones como de exportaciones, y era, además, el primer mercado para los productos agrícolas de cualquier región de España.

No obstante, desde un punto de vista, digamos, no catalán, también hay que entender que los librecambistas, debajo de su demagogia y sus insultos, tenían bastante razón. Sostenían que la intensificación de las importaciones reduciría los precios, y no se equivocaban. Y, sobre todo, recordaban que uno de los grandes problemas de la economía española decimonónica, hasta un nivel que verdaderamente hoy no podemos imaginar, era el contrabando. Pero el contrabando existía porque no pagaba aranceles, así pues vivía de que éstos fuesen altos. La idea es completamente cierta, pues hoy en día, no hay incentivo ninguno en dedicarse a contrabandear mercancías, por ejemplo, francesas.

En 1854 y 1855 se intentan, no con mucho éxito, sendas reformas arancelarias. Mientras tanto, la agitación social aparece. El 2 de julio de 1855 se produce una huelga de obreros en Cataluña y, peor aún, resulta asesinado José Sol y Padrís, que acababa de ser nombrado presidente del Instituto Industrial de Cataluña. En parte por estos sucesos tan luctuosos, algunos meses después, el 17 de diciembre, un grupo de industriales catalanes (José Mundadas, José Ferrer i Vidal y Jaumandreu) fueron escuchados ante la comisión que estaba estudiando la reforma arancelaria del ministro Bruil. Se aplicaron, sobre todo, a desmentir los argumentos que hablaban de beneficios supermillonarios por parte de los industriales catalanes. Aquella audiencia frenó la reforma, pero sólo por un corto espacio de tiempo. En 1859, 101 diputados librecambistas se reúnen bajo la presidencia de Olózaga para exigir la libre importación de diversos productos. A pesar de que los problemas ya generados, el librecambismo no abandonó sus exagerados tonos. Luis María Pastor, presidente de la Asociación para la Reforma de los Aranceles, proclamaría en un discurso: «no temáis ya a las hordas feroces de las selvas; de las ciudades brotan los bárbaros de la civilización, que intentan imponer al mundo entero el feudalismo industrial». Güell i Ferrer respondía como podía, aseverando cosas como: «Cataluña ha hecho con dinero propio sus caminos de hierro, contribuyendo a pagar los de las demás provincias. Cataluña, a pesar de la ingratitud de su suelo en fuerza de su trabajo, contribuye en mayor proporción que las demás a cubrir el presupuesto de ingresos, y no tiene probablemente la mitad de los empleados que le corresponden». Como podemos ver, la retórica procatalana, o más bien podríamos decir la retórica desde Cataluña (pues una de las desgracias estratégicas de Cataluña es que nunca ha logrado que exista una retórica procatalana desde fuera de Cataluña), se basaba hace ahora siglo y medio en el mismo concepto en que se basa hoy, es decir la balanza fiscal. Con un añadido que hoy ha desaparecido, cuando menos de momento, que es el cálculo, siquiera intuitivo, de los puestos de trabajo que se dejaban de crear en la región por no invertir en ella los dineros que se iban a otras regiones vía impuestos.

Los proteccionistas catalanes, sin embargo, nadaban históricamente contra corriente. En la segunda mitad del siglo XIX se construye el Zollverein o unión aduanera centroeuropea y, quizás más importante para nosotros, Inglaterra y Francia firman un acuerdo comercial que supone el descreste arancelario entre ambas naciones. Los sucesivos gobiernos españoles, conscientes de que no pueden quedar fuera del proceso, se apuntan al mismo y así, el 17 de julio de 1865, se firma un acuerdo comercial con Francia; que vino a combinarse con otro decreto que habilitaba legalmente al gobierno para eliminar el derecho diferencial de bandera.

En 1868, como sabemos bien, se produce la revolución llamada La Gloriosa y un viraje brusco del poder político español hacia el liberalismo, ergo el librecambismo. Laureano Figuerola, el primer ministro de Hacienda tras la revolución, abole el derecho diferencial de bandera y reduce a la mitad muchos de los derechos aduaneros.

Es entonces, en 1869, cuando los proteccionistas catalanes, que nuevamente han estado torpones en su respuesta a las presiones librecambistas, se dan cuenta de que están jugando cartas excesivamente personalistas. Es el suyo un discurso que sólo sabe hablar de protecciones, de intereses particulares, y ya por entonces, aunque no en la medida que ahora, es importante eso que hemos de llamar opinión pública. En un intento por convertirse en algo más que proteccionistas, se cambia el centro de gravedad del grupo de presión desde el Instituto Industrial de Cataluña, entidad vista como institución a la defensa de intereses particulares, por una institución nueva: Fomento de la Producción Nacional. Su propio nombre indica ya en qué medida los proteccionistas pretenden trascender su discurso hacia el bien común económico en general, y, además, hacen un notable esfuerzo por no aparecer, sólo, como catalanes.

La Comisión de Presupuestos de las Cortes tenía que estudiar la reforma de aranceles de Figuerola. Los historiadores catalanes se quejan de que en aquella comisión había siete representantes proteccionistas y 27 librecambistas. Su queja está bien, pero no tiene pase. En realidad, dentro del pensamiento económico español del momento, el proteccionismo no tenía ni de coña el peso derivado de esos siete representantes.

Dicho esto, sin embargo, lo cierto es que los librecambistas, muy bien no se portaron. Aprovecharon una reunión de la Comisión a la que el vicepresidente proteccionista, Pascual Madoz, no pudo asistir, para aprobar todo el nuevo arancel al completo. Los proteccionistas acudieron al general Prim, catalán y hombre fuerte del gobierno. Poco consiguieron. Prim decretó que la decisión de la Comisión fuese revisada por la Junta de Aranceles, en la que la mayoría librecambista era tan aplastante, que los catalanes se retiraron antes de que tomase una decisión.

Fomento de la Producción Nacional, de la mano del otro gran propagandista del proteccionismo, Pere Bosch i Labrús, hizo un viraje hacia la racionalidad. Como si hubiera sido asesorado por un moderno experto en imagen, desde FPN la industria catalana cambió su discurso y, por primera vez, admitió la posibilidad de sacrificios (esto es, de aranceles bajos), exigiendo únicamente que dichas reducciones se acreditasen compatibles con la conservación de la industria interior. Esta estrategia dio más frutos que la miope oposición frontal y estrategia del no, no, y mil veces no, que habían tenido hasta entonces los catalanes. En la reforma definitiva de los aranceles consiguieron pequeñas victorias, a las que no fueron ajenas las mediaciones de Prim y Serrano. Figuerola, liberal de libro, quería que los aranceles no pasaran en caso alguno del 25% pero, finalmente, estos impuestos protectores llegaron al 35%. Asimismo, los mínimos, que Figuerola quería colocar en el 10%, se quedaron en el 15%. Lo que pasa es que Figuerola se la metió doblada y, la verdad, los negociadores catalanes volvieron a pecar, otra vez, de escasa cintura.

Tenía el borrador de la reforma una base quinta que establecía nuevas reducciones de aranceles. Decía el texto legal que los fijados en la reforma permanecerían intocados durante seis años, a partir de los cuales se podría aplicar la base quinta, «siempre y cuando las Cortes futuras no establezcan lo contrario». Esta cláusula facultativa desapareció del texto final. Figuerola disimuló un olvido, pero es más que probable que no se olvidase.

Esta putada provocó una manifesación en Barcelona que fue precedida por una pancarta donde se leía «La Patria está en peligro», y que se dirigió al Gobierno Civil a exigir el cese de Figuerola. Tuvo que intervenir Prim para que la cláusula fuese introducida vía enmienda.

Pero Laureano Figuerola debía de ser un tío listo. En medio del follón de la cláusula facultativa uno de los líderes proteccionistas catalanes, Puig i Llagostera, le había enviado un telegrama al parecer en unos tonos bastante inadecuados entre caballeros. Como veis, la torpeza catalana a la hora de gestionar su imagen es un leiv motiv durante todos estos años. Todo lo que tuvo que hacer Figuerola fue leer aquel telegrama en pleno y encabronar a lo señores diputados, ya de por sí poco proclives a aprobar restricciones proteccionistas. La reforma quedó aprobada por 119 votos contra 31, portando en su interior la simple y pura crónica de una reducción anunciada en los ya bajos aranceles que fijaba, a seis años vista.

Figuerola fue apeado del Ministerio de Hacienda. La causa fue la fuerte oposición que generó su decisión de constituir dos empréstitos por valor de 3.000 millones de pesetas. Pero se las arregló para volver apenas cuatro meses después. Inmediatamente, los proteccionistas temieron que llevase a cabo su proyecto de cerrar un acuerdo comercial con Inglaterra. Como podemos ver, el lobby proteccionista volvía a tropezar en la misma piedra, en la misma ciega piedra de siempre, pues de nuevo negaba la mayor, la propia firma de un acuerdo comercial, sin darse cuenta de que los tiempos lo exigían.

Con todo, el sneaky Figuerola se la metió doblada por donde menos lo esperaban. En marzo de 1870, los catalanes se enteraban por la prensa, literalmente, de que un mes antes se había firmado un acuerdo comercial con Bélgica. La bomba de aquel tratado era un artículo en el que España se comprometía a no modificar al alza sus tarifas con Bélgica. La jugada de Figuerola fue maestra: puede que los proteccionistas lograsen modificar el arancel en las Cortes españolas. Pero, en lo que se refería a Bélgica (y a cualquier otro con el que se firmase lo mismo), esa decisión sería papel mojado.

Alarmado por este tratado y el más que posible con Inglaterra, Fomento convocó una reunión de entidades económicas en Barcelona el 22 de marzo. De dicha asamblea salió la decisión de formar una comisión que se fuera a decirle al gobierno que así no se podía seguir. Pero al loro con los apellidos de los miembros de dicha comisión: Bosch i Labrús, Salom, Pons, Orellana y Romaní. Una representación básicamente catalana. Los proteccionistas seguían cojeando del mismo pie, ello a pesar de que la nómina de los contrarios al arancel ya tenía plenamente ganados a los cerealistas castellanos, los arroceros valencianos, o los azucareros aragoneses y andaluces.

Afortunadamente para ellos, rectificaron. Para cuando Bosch i Labrús se presentó en Madrid, guardaba en su cartapacio cartas de adhesión de los círculos proteccionistas de Zaragoza, Valladolid, Pamplona, Santander, Bilbao, Palencia, Burgos, Salamanca, Segorbe, Alcoy, Castellón de la Plana, Málaga y Valencia. Tampoco era como para tirar cohetes, pero suficiente como para desmentir que todo aquello oliese sólo a butifarra. Gracias a ello, la comisión consiguió del gobierno que instase modificaciones en los tratados ya firmados aseverando la soberanía de las Cortes españolas de modificar los aranceles, imponiéndose a las previsiones de los propios convenios.

La llegada de la I República, si embargo, supuso un enorme paso atrás para los proteccionistas en este terreno de la imagen. Dado que el gran problema de esa primera república fue el federalismo, los agitadores de la opinión antiproteccionista encontraron terreno abonado para sus tesis. En los periódicos de Madrid comenzó a darse pábulo al rumor de que Cataluña iba a separarse de España. Otros periódicos fueron más lejos, afirmando que «con el advenimiento de la República, España ha pasado a ser patrimonio de Cataluña: el presidente del poder Ejecutivo (Estanislao Figueras), catalán. El ministro de la Gobernación, catalán. El ministro de Hacienda, catalán. De los 49 gobiernos provinciales, 32 están desempeñados por catalanes. Pues todavía no están contentos. Será necesario darles homogéneo, todo él catalán, los 17 gobiernos provinciales que les faltan, y que el resto de España les pague un crecido tributo, para que nos dispensen el obsequio de no declararse independientes ni piensen en mudar su nacionalidad. No tienen la culpa los catalanes, sino los castellanos, los aragoneses, valencianos, andaluces, extremeños, gallegos y demás españoles que lo sufren y lo consienten».

Una vez más, los lobbystas catalanes iban a dar muestras de torpeza. Porque se puede ser algo torpe cuando se pierde; es lo que se llama no saber perder. Pero la mayor ocasión para hacer el cretino es cuando se gana. Los catalanes ganaron. Y ganaron porque tenían que ganar. En junio de 1875 Pedro Salaverría, ministro de Hacienda, presentó al rey un decreto por el cual se suspendía la aplicación de la famosa base quinta de la reforma arancelaria, justo cuando, seis años después, tenía que comenzar a aplicarse. Pero no fueron los proteccionistas los que metieron ese penalty. Fue la situación en sí. Tras el desastre republicano, o más bien en medio de él, el Estado apenas tenía ingresos para sostener los gastos militares. No tenía más remedio que incrementar los aranceles para tener más ingresos en el corto plazo. Sin embargo, a causa, como digo, de la torpeza de quienes no supieron leer estratégicamente párrafos como el que he copiado unas líneas más arriba, esa victoria fue vista como una victoria de los intereses particulares de los industriales catalanes, dada la escasa ambión que tuvieron éstos, en el momento de la victoria, por explicar que era una victoria para todos.

Ya en la Restauración, llegó la crisis económica, que dio alas a los proteccionistas a la hora de defender sus reivindicaciones. Pero, por hoy, descansemos.