jueves, julio 22, 2010

Las sacas

Las notas escritas en el anterior post sobre Melchor Rodríguez han provocado algún que otro comentario privado sobre el asunto de las sacas de las cárceles de Madrid durante el otoño del 36. Vaya por delante que a mí me gusta escribir sobre Historia, y tengo por mí que mientras hay personas vivas contemporáneas de unos hechos, éstos difícilmente pueden considerarse hechos históricos. Éste de las sacas es un asunto desagradable y jodido que presenta muchos perfiles de pasión. Aproximarse a ello desapasionadamente es, verdaderamente, tarea difícil.

Por pura lógica física, y a pesar de que los presos fueron hacinados en sus galerías, no podía haber en Madrid, en los primeros meses tras estallar la guerra civil, más de 10.000 presos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es desterrar mitos nacidos del régimen anterior. Lo primero que hay que hacer con el asunto de las sacas es sacudirle la mugre franquista. El Alcázar, periódico que ejerció durante mucho tiempo la portavocía del franquismo, llegó a publicar una lista de 12.000 víctimas de los fusilamientos de aquella época; pero esta cifra es, simple y llanamente, imposible. Por lo demás, no es necesario acudir a dichas exageraciones para medir lo execrable de los sucesos que ocurrieron en Madrid en aquellas semanas. Las estimaciones que yo doy por más sólidas colocan el número de víctimas en el entorno de las 2.000. 2.000 personas que fueron asesinadas, que no ejecutadas, en una absoluta carencia de garantías y con una total falta de respeto por sus derechos, una inhumanidad casi inexplicable.

Las sacas de presos se producen durante el mes de noviembre y algunos, pocos, días de diciembre de 1936. Fueron provocados, como comentaba en el anterior post, por la huida del gobierno a Valencia y el hecho de que las tropas franquistas estaban a sólo unos centenares de metros de Madrid. Fueron utilizados para los fusilamientos el arrojo de San José, en Paracuellos del Jarama; y los alrededores del palacio de Aldovea, en Torrejón de Ardoz. Terminada la guerra, no obstante, los muertos de Torrejón fueron trasladados a Paracuellos.

La Causa General abierta por el franquismo contra los crímenes de la República afirma que hubo 13 jornadas de sacas desde las distintas cárceles de Madrid: la Modelo, la cárcel de Porlier, San Antón y Ventas. Todas éstas son cárceles de hombres. Cabe añadir que de alguna de estas cárceles salieron en esos mismos días algunos presos camino de la libertad.

Como también comentaba en mi anterior post, los intentos por restar importancia a estos sucesos se basan en dos grandes argumentos. El primero es que los hechos ya fueron juzgados por el franquismo; argumento éste que es antihistórico porque el juicio de la Historia no es ninguna apelación procesal. El segundo, que como digo ya cité al hablar de don Melchor, es la peregrina teoría según la cual estas acciones habrían sido realizadas por grupos de «incontrolados». La verdad es muy otra. Sorprende lo fácil que le fue a la Causa General sustantivar las acusaciones relativas a las sacas; fue así porque éstas estaban sobradamente documentadas en instancias oficiales.

Lejos de la consideración, que ya sería la leche de por sí, de que quienes se llevaron a los presos de las cárceles, organizando en casos nutridas caravanas de autobuses de dos pisos que difícilmente podían pasar inadvertidas de las fuerzas de orden público aún de madrugada, eran «incontrolados» que no obedecían a nadie, la realidad nos dice que las sacas fueron acciones meticulosamente organizadas desde la Dirección General de Seguridad. Antes de realizar las sacas, según diversos testimonios, quienes realizaban la acción se encerraban en un despacho con las fichas de los presos, las agrupaban y seleccionaban a la gente que se iban a apiolar. Nada de gentes calentadas por el momento actuando por impulsos. Más bien, fríos planificadores de matanzas masivas.

Si hemos de creer al testimonio del miliciano y colaborador de la DGS Ramón Torrecilla, los presos eran clasificados en: militares, hombres de carrera, obreros y personas sin profesión conocida. Cuesta creer que no se crease un montoncito especial para los curas. Luego se escogía a los más significados, se los llamaba en voz alta, y se les trasladaba, como digo, preferentemente en autobuses, aunque la imaginería cinematográfica que ha rememorado estas escenas ha preferido el camión volquete, que sólo se utilizó en los casos en que la cuerda de candidatos a la bala en la nuca fuese poco nutrida.

Todo hace indicar, por lo demás, que los militares y falangistas destacados son el principal objetivo de los asesinatos. En un entorno en el que se cree que los golpistas se pueden hacer con Madrid, la preocupación de los defensores de la capital es que los invasores puedan encontrarse en las cárceles a todo un racimo de mandos militares de gran envergadura y capacidad bélica. La primera razón de las sacas, por lo tanto, es debilitar este eventual reforzamiento del cuadro de mandos del ejército nacional. Sin embargo, tampoco se puede negar que operó el segundo factor, que era el simple y puro odio. Sólo así se explica el fusilamiento de personajes como Pedro Muñoz Seca, autor de La venganza de Don Mendo.

Las sacas más nutridas implicaron a medio millar de personas. En la de Torrejón, por ejemplo, salieron 414 presos, todos los cuales fueron fusilados. La inmensa mayoría de las víctimas, además, no tenían proceso judicial abierto. No estaban a disposición de juzgado alguno, motivo por el cual se acepta generalmente que el estamento judicial no tuvo nada que ver con su muerte. Durante la guerra, se dio la circunstancia tristemente sarcástica de que hubo muertos de Paracuellos que fueron citados a declarar en sus juicios. Ni siquiera sus jueces o sus tribunales populares sabían que habían sido asesinados.

Las matanzas fueron realizadas mayoritariamente por miembros de la llamada Milicia de Vigilancia de Retaguardia pero, como ya he escrito, fueron organizadas y ordenadas desde la Dirección General de Seguridad. Pero eso no es decir mucho, porque el responsable de este departamento, Manuel Muñoz, había huido a Valencia con el gobierno; de hecho, había sido uno de los primeros altos funcionarios en pirarse de la capital, en compañía de su ministro, el gallardo a la paz que valiente Ángel Galarza. Resulta muy difícil saber con exactitud quién mandaba, de qué manera y con qué intensidad, en la DGS durante aquellos días.

Es evidente que el aspecto que más morbo despierta de esta historia es, se pregunte a quien se pregunte, la pretendida responsabilidad de Santiago Carrillo en los hechos. Carrillo fue nombrado, ahora veremos en qué circunstancias, Delegado de Orden Público de un Madrid del que se había pirado hasta el Tato, acojonado el personal por la llegada del general Varela. Su nombramiento se produce en la tarde del 6 de noviembre. Su primer acto es reunirse con el general Miaja y Antonio Mije, comunista como Carrillo, para organizar la Junta de Defensa de Madrid. En esa reunión, si hemos de creer a Carrillo, se habla largo y tendido (hasta casi despuntar el día siguiente) del problema que presentan las cárceles repletas de posibles ayudas al ejército golpista, y muy especialmente la Modelo pues, situada en Moncloa, está a apenas unos metros de uno de los frentes. La primera pregunta para la que no hay respuesta, pues, es exactamente de qué se habló aquella noche. ¿Se habló de trasladar a los presos, como pretende Carrillo? ¿Se habló de matarlos, como aseveran sus críticos?

A mí, la verdad, me cuesta creer esta última versión. No porque crea en Carrillo sino, más bien, porque me cuesta creer que un militar como Miaja aceptase tal solución sin pestañear. Hay que tener en cuenta, además, que el cónsul noruego en Madrid, Félix Schlayer, nada sospechoso de sentir la más mínima simpatía hacia Carrillo, afirma en su libro sobre estos hechos que le comentó al propio Carrillo el problema de los desafueros en las cárceles el día 7, y que el comunista, en ese momento, no conocía los hechos. Parece, pues, difícil sostener que en la reunión de la madrugada del 7 se hablase de matanzas masivas.

De todas formas, esta versión tiene problemas de cronómetro. Si la damos por cierta, entonces deberemos concluir que en algún momento de la madrugada del 7 de noviembre de 1936, se toma la decisión de trasladar a los presos. Sin embargo, en la cárcel de Porlier hay una saca ya ese día 7 por la mañana, tan de mañana que a las ocho ya se está produciendo el paqueo mortal en Paracuellos; y a primera hora de la tarde en San Antón. Como ya hemos visto, las sacas no eran el puente aéreo; aquello no era llegar y volar, sino que llevaba su tiempo; los candidatos eran cuidadosamente elegidos. ¿Cómo pudo organizarse la saca de Porlier en apenas media horita? ¿Acaso no da que pensar la hora de su producción que alguien (no sabemos quién) llevaba pensando en hacer algo así desde antes de que se constituyese la Junta de Defensa? Además, si la intención de trasladar presos afectaba a los más cercanos al frente, ¿por qué no se comenzó por la Modelo, que estaba en primera línea de fuego, mientras que a Porlier ni llegaban los obuses? ¿No da eso que pensar que había más motivaciones que el mero traslado?

Esta incongruencia temporal, a decir de algunos analistas de la cosa, abona la tesis de que ni Carrillo ni Miaja ni Mije pueden considerarse ordenantes de las sacas. Ellos no pudieron lanzar el proceso de paseos a Paracuellos, puesto que cuando ellos aún no podían haber dado la orden, ésta ya se estaba cumpliendo. Además, hay que tener en cuenta que la huida del ministro de Gobernación y su director general de Seguridad se produce el 6 de noviembre; así pues, hay margen para que, en esas 24 horas, más o menos, en las que no queda poder (el gobierno de Madrid ha huido, y la Junta de Defensa aún no existe), a alguien se le ocurriese hacer cositas.

Algunos historiadores proclives a la idea de eliminar la tesis de que Carrillo y/o la Junta ordenaron directamente la limpieza étnica de fascistas abonan la tesis de que ésta fue organizada por los asesores soviéticos, y apuntan, sobre todo, a Jan Berzin, alias Mihail Koltsov. Ciertamente, una de las grandes incógnitas de nuestra guerra civil es la cuota de poder que llegaron a ejercer los soviéticos en España, y en qué terrenos.

Miguel Martínez, el alter ego español de Koltsov, habla en su libro de la necesidad de evacuar a los presos de Madrid para evitar que puedan alimentar una inesperada quinta columna golpista si las tropas de Varela toman Madrid como, por otra parte, todo el mundo esperaba en noviembre del 36.

Según Krivitsky, el espía soviético que escribió un libro sobre los movimientos estalinistas entre bambalinas de Europa que, según a quién leas, lo mismo es la leche que una pura mentira, no había en Madrid ni diez personas que conocían la verdadera identidad de Koltsov ni su verdadero poder. Lo que ningún testimonio que yo conozca ha aclarado es cómo o, si se prefiere, a través de quién o de quiénes ejercitó Koltsov ese poder que, por lo visto, le permitía movilizar a docenas de milicianos de la retaguardia para que seleccionasen centenares de presos, los metiesen en autobuses, los llevasen al arroyo de San José y se los cargasen.

Por otra parte, la propia teoría que responsabiliza a Koltsov, que quizá sólo por casualidad tiene la virtud de salvar a los españoles de haber participado en las matanzas, pone en duda algunas de las cosas dichas hasta el momento. Recordemos, en este sentido, que la afirmación de que ni Carrillo ni Mije ni Miaja tuvieron nada que ver en las sacas se basa en que éstas ya se realizaban antes de que tuviesen cargo para ordenarlas. Pero ahora se nos dice que quien las ordenó fue alguien como Koltsov; alguien que, que se sepa, no tenía cargo alguno. Lo cual nos lleva a la pregunta: ¿verdaderamente hacía falta tener un cargo en el Madrid de noviembre de 1936 para llevar a cabo unas sacas?

La respuesta positiva a esta pregunta es dudosa. No sólo por lo que sabemos del poder que los soviéticos tuvieron en la planificación y ejecución de la guerra (algo que contó con pelos y señales Indalecio Prieto en México tras la guerra), sino porque no olvidemos que las sacas del otoño tienen un precedente veraniego en las matanzas de la Modelo, producidas en agosto, y durante las cuales los milicianos entraron en la cárcel como Pedro por su casa y mataron, simple y llanamente, a quien les dió la gana. Los antecedentes, pues, no son precisamente los que caracterizan a un Estado de Derecho que ejerce el monopolio de la violencia.

Por lo demás, no olvidemos que los papeles soviéticos que se enviaban a Moscú han sido ya publicados en diversas ocasiones, y en los mismos, pese a ser mensajes confidenciales que sus autores jamás escribieron pensando que serían publicados, los asesores soviéticos no hablan, al menos que yo sepa, del asunto de las sacas. Hablan de la necesidad de construir un auténtico ejército y no el cachondeo de las milicias; hablan de las chuminadas anarquistas en Cataluña; hablan de muchas cosas, pero no de las sacas.

A mi modo de ver, y, como quien dice, en mi nivel actual de conocimientos, no hay ni una sola razón de peso para considerar que los asesinatos masivos del 36 fueron cometidos por no españoles. Las sacas fueron, además, coordinadas y llevadas a cabo desde la DGS por españoles. Si esos españoles lo que hacían era obedecer órdenes de un mando soviético, quizá quepa aquí recordar el pequeño detalle de que la obediencia perruna del Partido Comunista de la guerra civil hacia Moscú no deja de ser una decisión voluntaria que, por lo tanto, no se puede invocar como atenuante, menos como eximente.

El día 10 de noviembre, Melchor Rodríguez se coloca al frente de las prisiones, y las sacas cesan. El día 14, al parecer tras recibir llamadas insinuándole que mire para otro lado cuando los autobuses salgan de las cárceles, amaga con irse, y no volverá hasta el 4 de diciembre, cuando hará la machada de Alcalá y acabará definitivamente con los paseos.

Asimismo, también el día 10 el peneuvista José María Irujo, ministro sin cartera, exige por cablegrama de Miaja explicaciones y datos sobre presuntos «hechos lamentables» que se están produciendo en las cárceles. Aunque los servicios de Miaja negarán la mayor, Ángel Galarza, al día siguiente, reconocerá, a instancias del propio Irujo y de José Giral, la producción de graves incidentes con víctimas. El día 14, es decir tres días después de la confesión de Galarza, la Junta de Defensa emite una nota de prensa en la que desmiente la existencia de «malos tratos a los detenidos fascistas», expresión que en sí es toda una muestra de espíritu democrático, pues tiene mérito que alguien sea condenado por fascista antes de haber sido siquiera juzgado.

La conclusión que yo saco de todo lo dicho es bastante obvia. Independientemente de que por los sucesos de Paracuellos y Torrejón nadie puede ya ser juzgado pues, mal que le pese a Garzón, están amnistiados como otros muchos, el juicio histórico debe, cuando menos de momento, terminar como terminaría un eventual juicio penal: con la imposibilidad de fijar un culpable. No se puede decir, a mi modo de ver, de qué mente salió la idea de matar a más de 2.000 personas, impunemente, sin mediar juicio ni condena. No se puede saber, a ciencia cierta, quién dio la orden.

Lo que sí sabemos es que todos los que andaban por ahí lo supieron con tiempo suficiente como para impedir muchas de esas muertes.

El 7 de noviembre, el cuerpo diplomático ya estaba reclamando un trato humano para los presos. El día 10, Melchor Rodríguez detiene las sacas. Si las detiene, obviamente, es porque sabe que se están produciendo. ¿Se calla? ¿No se lo cuenta a sus superiores? Difícil de creer. Ese mismo día 10, José María Irujo demuestra con sus cablegramas a Miaja que incluso en Valencia algo se barrunta al respecto. Galarza confirma los hechos el 11. Pero entre el 11 de noviembre y el final de las sacas aún se realizan éstas los días 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre, amén del 1 y 3 de diciembre. Eso son diez oportunidades de parar la movida que nadie aprovechó: ni la Junta de Defensa, ni el Gobierno de Valencia, ni nadie.


A mi modo de ver, no hay que preguntar por qué lo hicieron. Hay que preguntar por qué callaron.

martes, julio 20, 2010

Don Melchor

En la nutrida galería de españoles injustamente olvidados por nuestro recuerdo histórico figura en lugar señero el anarquista Melchor Rodríguez. Será, tal vez, porque en los tiempos que corren, tan dados a la memoria histórica de un cierto jaez, el recuerdo de Rodríguez sea un tanto incómodo por estar ligado a un periodo de nuestra guerra civil cuya rememoración, tal vez, no sea lo que se dice políticamente correcta. Sin embargo, la figura de Melchor Rodríguez, a mi modo de ver, evoca, precisamente, lo mejor de nuestro recuerdo, por lo que supone de conciliación de ambos bandos.

El 30 de mayo de 1893 nace en Sevilla nuestro Melchor Rodríguez. De origen humilde, aprende los oficios de calderero y carrocero y, finalmente, el de ebanista. Pero, como otros muchos andaluces de su época y de otras posteriores, Rodríguez lo que quiere ser, en verdad, es torero. Así que comienza una vida de maletilla frecuentador de tentaderos y otras oportunidades menores y, finalmente, toma la alternativa el plaza de Sanlúcar de Barrameda, el 5 de septiembre de 1915. Esa tarde, compartida por el cuarto de los toreros que llevaron el nombre de Bombita, sale en hombros por la puerta grande sanluqueña. El 4 de agosto de 1918, alcanza su máximo sueño debutando en Madrid, en la plaza de Tetuán de las Victorias. El segundo toro de su lote, sin embargo, lo alcanza y cornea de gravedad. Rodríguez regresa a los ruedos tras su recuperación, pero, mermado de facultades, recibe tres cornadas muy seguidas, en Salamanca, Viso de Alcor y Sevilla. En 1920, se retira de los toros.

Así que Melchor, regresado a la condición de civil se emplea de carrocero e ingresa en la Unión General de Trabajadores. Sin embargo, este dato ugetista no es más que un indicativo del factor aglutinador de todo tipo de obreristas que tenía entonces la UGT, pues Rodríguez, lejos de ser marxista como Pablo Iglesias o Francisco Largo Caballero, es ya, entonces, anarquista de ideas, compañero de fatigas de otros destacados ácratas como Celedonio Fernández o Feliciano Benito.

Rodríguez conoce pronto la cárcel como resultado de sus actividades anarquistas. En tiempos del dictador Primo de Rivera es considerado peligroso. Con la llegada de la República, comienza a colaborar con publicaciones ácratas, donde destaca por su ataque a los ministros republicanos de derechas, sobre todo Miguel Maura, foco de sus iras tras la detención masiva de más de cien activistas anarcosindicalistas.

Llega la guerra civil. Durante la contienda, y como fruto de la implicación de los anarquistas en la gobernación del país, un anarquista, Juan García Oliver, es nombrado ministro de Justicia. Buscando correligionarios para cubrir los cargos vacantes, García Oliver se acuerda de Rodríguez para que cubra el puesto de delegado general de Prisiones. Rodríguez, que es dirigente del sindicato carrocero anarquista, toma posesión de su cargo el 5 de noviembre de 1936.

Melchor Rodríguez, pues, llega a las cárceles de Madrid en el momento para las mismas más oscuro y, como decía antes, políticamente incorrecto de recordar. Hay que tener en cuenta varios factores.

Factor uno: las cárceles de Madrid, en las semanas posteriores al golpe de Estado nacional y la consolidación de los republicanos en Madrid, se abarrotaron de personas consideradas por el bando que controlaba la capital como fascistas. Esto incluye a personas efectivamente fascistas, tales como el doctor Albiñana o Ramiro Ledesma, y otros muchos que eran, simplemente, burgueses, acomodados, católicos, militares, políticos de derechas, curas, o personas denunciadas por otros, a veces por razones ideológicas, a veces por meras envidias o conflictos personales pendientes.

El segundo factor importante tras la saturación penitenciaria es la decisión tomada por el gobierno Giral de, tal y como exigían las organizaciones de izquierdas, dar armas al pueblo, es decir a todas las organizaciones (partidos y sindicatos) que apoyaban la República sin ser en sí el ejército o la policía. Con esa decisión, es posible que la República salvase Madrid (aunque sobre eso hay bastante que discutir), pero perdió, definitamente, el oremus del poder sobre el orden público (que, para qué negarlo, no había sido su fuerte ni en tiempos de paz). A partir del momento en que las armas estuvieron en manos de determinadas ideologías, el gobierno de la República (exactamente igual que el gobierno autonómico catalán) aceptó ser un rehén de las organizaciones que tenían la sartén por el mango, o más bien el fusil por la culata.

El tercer factor que, en mi opinión, debe tenerse en cuenta es el hecho de, en el final del verano del 36, las tropas que pronto conoceríamos como franquistas estuvieron a metros de tomar Madrid. Si hemos de creer a Zugazagoitia, estuvieron a punto de desbordar a los republicanos a la altura del puente de los Franceses.

Tenemos, pues: cárceles llenas de fascistas supuestos o adscritos a la condición de tales; ausencia casi total de orden, concierto y organización disciplinada en la administración de la violencia; y la convicción, más o menos generalizada, de que en días, si no en horas, los golpistas podían tener Madrid bajo su control.

Estos tres elementos explican, a mi modo de ver, que a lo largo del mes de agosto del 36, las dotaciones gubernamentales de funcionarios de prisiones de las diferentes cárceles madrileñas fuesen sustituidas por partidas de milicianos partidarios y sindicales, los cuales se hicieron los reyes de las galerías y procedieron al asesinato, a ratos selectivo, a ratos a mogollón, de los presos.

Para justificar esos hechos incalificables, que dañaron de forma incluso irreversible la imagen de la República (sus gobernantes se pasarían los siguientes tres años asegurando en el extranjero que podían garantizar el orden público, sin ser muy creídos), se ha desarrollado la teoría, que ya está en el libro de Zugazagoitia, de los «incontrolados». Según esta teoría, las sacas y los asesinatos en las cárceles madrileñas, muy especialmente en la Modelo que estaba más o menos donde hoy está el Cuartel General del Aire de Moncloa, no fueron obra de la República en sí, sino de «incontrolados» que actuaron a su puta bola. A mi modo de ver, es un argumento saduceo: si no es cierto, malo, porque indica unos instintos asesinos en un gobierno presuntamente democrático que ya, ya; pero si es cierto, casi peor, porque indica que el gobierno republicano, o bien decidió mirar para otro lado, o bien, sabiéndose impotente para luchar contra aquellos desafueros, ocultó al mundo y, quizá, a sí mismo, su condición de gobierno débil y sin autoridad.

Pero lo que todo un gobierno, por lo visto, no era capaz de hacer, lo hizo un solo hombre.

Lo primero que hace el recién nombrado delegado general de Prisiones es restituir en las galerías a los funcionarios gubernamentales y echar de las cárceles a los milicianos que se habían adueñado de ellas. A partir del momento en que toma posesión del cargo, de las cárceles ya no salen para morir nada más que los que han sido condenados por ello por los tribunales populares (y no entraremos aquí a discutir la condición jurídicamente ecuánime de estos sedicentes tribunales). Otra norma puesta en marcha por él es la prohibición de que se sacasen presos de las cárceles entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana, para evitar los paseos nocturnos que solían terminar con los paseantes decúbito prono en cualquier cuneta. Asimismo, prohibió que se pudiesen sacar presos, a cualquier hora, sin la debida protección. Con todo, el momento más importante de su existencia como alto funcionario de prisiones se producirá en Alcalá de Henares.

El 8 de diciembre de 1936, las turbas partidarias y sindicales, animadas por el saqueo con apiole incluido que han realizado en la cárcel de Guadalajara, intentan repetir la fiesta en la ciudad cervantina. En la cárcel de Alcalá hay 1.600 presos que están llamados a ser blancos de las iras de unas personas que están mazo cabreadas por el bombardeo nacionalista de la localidad. Grupos de milicianos armados toman una porción del establecimiento mientras muchas personas esperan en la calle. Se masca la tragedia.

Llega Rodríguez.

El delegado general de Prisiones ha ido a Alcalá acompañando a una cuerda de varios centenares de presos, a los que ha decidido escoltar personalmente para que no los maten por el camino (así está el tema). Cuando se percata de lo que está pasando, penetra en la cárcel acompañado por su secretario.

Luego Rodríguez se sube a un coche y le habla a las gentes que están en la calle. Trata de hacerles entender algo tan sencillo como que, para llevarse a un preso por delante, primero tiene que estar condenado a muerte, pequeño tecnicismo legal que su audiencia no es partidaria de atender. Le llaman fascista. Rodríguez se cabrea. ¿Con veinte años entrando y saliendo de las cárceles, dice, me vais a llamar fascista? Y luego dice: «¿Queréis matar fascistas? Pues, vale. Pero en el frente.»

Según parece, la discusión duró seis horas, de cuatro de la tarde a diez de la noche, tiempo durante el cual Melchor no dio su brazo a torcer e, incluso, llegó a utilizar los puños. Finalmente, consciente de que la gente va a acabar entrando a llevarse por delante a los presos, comete el pecado mortal del republicano: anuncia que va a dar orden de que se arme a los reclusos. Sólo entonces, ante dicho anuncio (hecho, hemos de suponer, con total convicción; aunque nunca sabremos si verdaderamente estaba dispuesto a cumplirlo), la gente se aviene a abandonar sus proyectos iniciales de perpetrar contra los presos de Alcalá un desafuero digno de cualquier genocida.

Con sus actuaciones, Melchor Rodríguez salvó la vida de cientos, si no miles, de personas afectas al bando franquista o simplemente consideradas desafectas al republicano. Entre ellas, cabe destacar al general Agustín Muñoz Grandes, o Ramón Serrano Súñer, el doctor Gómez Ulla, el celebérrimo portero de fútbol Ricardo Zamora, Rafael Sánchez Mazas, Raimundo Fernández Cuesta o Miguel Primo de Rivera.

Rodríguez cesó de su cargo el 2 de marzo de 1937, cuando habían terminado las sacas. Pero no paró ahí su labor. El 20 de abril de aquel año, denunció publicamente a José Cazorla, sucesor de Santiago Carrillo como consejero de Orden Público en Madrid, al que acusó de someter a juicio a «personas sensatas».

Prueba del carácter ecléctico y respetuoso de Rodríguez es la anécdota de abril de 1938, cuando muere Serafín Álvarez Quintero. Su hermano Joaquín, amigo de Rodríguez, le comunica la voluntad del finado de llevar un crucifijo en el ataúd. En la España republicana de 1938, donde toda misa existente era semiclandestina y portar un crucifijo podía provocar que te enviasen a visitar a su dueño, un anarquista se ocupó de que el féretro de su amigo llevase a Jesucristo crucificado, como había deseado.

El 27 de marzo de 1939, Melchor Rodríguez, que era desde 1934 concejal del Ayuntamiento de Madrid, es la autoridad que entrega el gobierno municipal a los falangistas. De hecho, Rodríguez y el socialista Julián Besteiro son los dos únicos republicanos que los franquistas encontraron en sus puestos al llegar a la capital. Los falangistas, por cierto, lo aceptaron como alcalde temporal hasta la rendición final.

Terminada la guerra, Rodríguez fue detenido y sometido a consejo de guerra. En el curso del juicio, ni quiso abogado defensor ni citó testigos a su favor. Pero los tuvo. El general Muñoz Grandes, que acabaría mandando sobre la División Azul, se levantó y prestó testimonio a su favor frente al tribunal franquista que lo juzgaba.

El consejo de guerra lo condenó a varios años de prisión, aunque diversas gestiones por parte de conspicuos franquistas consiguieron que saliese un año y medio después. Fue nuevamente detenido en 1947, pasando unos meses en la cárcel, tras lo cual se hizo agente de seguros.

Melchor Rodríguez falleció el 14 de febrero de 1972, en el hospital de la Princesa de Madrid. Su entierro fue una masiva demostración de duelo, sobre todo, de aquellos hombres y mujeres, muchos de ellos para entonces plenamente identificados con el franquismo, a quienes 35 años antes, él había salvado la vida. Vivía y gobernaba España el general Franco pero, aún así, un hombre fue enterrado en un ataúd vestido con los colores rojo y negro del anarcosindicalismo, en un entierro en el que un ex ministro franquista, Alberto Martín Artajo, leyó algunos versos escritos por el finado; y los católicos presentes rezaron un Padrenuestro por el alma de un hombre que no creía en Dios. Un sacerdote, el padre Félix García, que aquel día de diciembre esperaba la muerte en cualquier celda de la cárcel de Alcalá de Henares, escribió su necrológica en el Ya.

Melchor Rodríguez: tal vez, el mayor héroe de nuestra guerra civil.