miércoles, enero 03, 2018

Los reyes católicos y los canarios (la odisea de los grancanarios)

Sabido es por lo que lo saben que uno de los puntos de fricción entre los que piensan que los reyes católicos eran unos talibanes exagerados y los que creen que eran, todo lo contrario, una de las monarquías más modernas de su tiempo, es el trato de los indígenas americanos. La Leyenda Negra nos dicta que España envió a América a una patota de muertos de hambre, con el cuchillo de capar entre los dientes, con la principal labor de esclavizar y llevarse por delante a todo indio que pillasen y que les obstaculizase el camino hacia el Eldorado. Esta imagen, alimentada en la propia América (con la ayuda de los tipos que hicieron eso mismo con sus indios), ha sido contestada de tiempo atrás recordando que los conquistadores no sólo no hicieron lo que la Leyenda les imputa, sino que adoptaron un modo, digamos, moderno, de afrontar los derechos del indígena o el aborigen.


Personalmente creo que el punto que está más cerca de la verdad es un punto medio entre ambas posiciones; pero bastante más cercano a la segunda que a la primera. Y, de hecho, hay un elemento de análisis muy interesante y ampliamente documentado, un elemento del que me consta muchos defensores de la Leyenda Negra no saben ni el huevo (ni para bien, ni para mal), y que permite estudiar esta dinámica con un punto de vista más, digamos en términos españoles, cercano.

La noticia es ésta: antes de tener que plantearse los derechos de los indígenas americanos, los reyes católicos hubieron de dirimir la misma cuestión, sólo que de los habitantes naturales de las Islas Canarias.

Porque parece que olvidamos que los habitantes originales de las Islas Afortunadas tenían la misma consideración, y como tales habían sido tratados. Desde que los (otros) europeos descubrieron aquellas islas, las incursiones en las mismas para llevarse esclavos se hicieron relativamente comunes. En 1402, como es bien sabido, Juan de Bethencourt abordó la conquista propiamente dicha de las islas, pero en dicho proceso ya desistió de reducir toda la población, demasiado numerosa, a la esclavitud. Además, las expediciones de Bethencourt ya tenían una misión evangelizadora que, por lo tanto, buscaba conseguir cristianos, no esclavos. A pesar de ello, el Papa Benedicto XIII, en su bula Apostolatus Officium, otorgó a estas expediciones el carácter de cruzada, con la ristra de indulgencias que ello comportaba, por lo que, si bien las islas de Lanzarote y Fuerteventura fueron respetadas, las más pobladas fueron depredadas. Sin embargo, como se ha dicho desde el establecimiento de la diócesis de Rubicón (1403), la acción evangelizadora de los misioneros, sobre todo franciscanos, adquiere cada vez mayor importancia. Allá por 1423, unos veinte años después pues, Lanzarote, Fuerteventura y el Hierro se podían considerar islas plenamente cristianizadas.

De hecho, la acción fundamentalmente del titular de la diócesis de Rubicón, Francisco Calvetos, quien informó repetidas veces a Roma de la condición de los aborígenes atlánticos como entonces se los conocía, cambió el punto de vista del Papa Eugenio IV. Él, que había enviado (bula Rex Regum) a los cristianos a guerrear a las costas africanas para someter a sus habitantes, cambia de idea de forma casi radical en su bula Regimini gregis, de 1434, donde apela de piratas a los cristianos depredadores de las islas y de las costas atlánticas de África, y condena la práctica de reducir a estos aborígenes a la esclavitud. El Papa señala que dentro de las diócesis establecidas por los evangelizadores, los aborígenes serán naturalmente libres y no podrán ser atacados, mucho menos secuestrados. Asimismo, establece indulgencia plenaria para aquél que decidiere manumitir un esclavo. Juan II de Castilla apoyó decididamente dicha bula, prohibiendo las depredaciones esclavistas tanto en las islas convertidas como en las que fuesen declaradas en fase de evangelización.

En 1462, con la labor de penetración en las Canarias en todo lo gordo, el Papa Pío II promulga la bula Pastor bonus, en la que concede amplia indulgencia a los financiadores de las labores pastorales en en Canarias que estuviesen emplazados en Andalucía (los andaluces eran los principales colonizadores de las islas); de esta manera, buscaba mejorar el flujo de recursos hacia una labor que demandaba que le echasen billetes (la indulgencia se extendió, por cierto, a quienes invirtiesen en redimir cautivos, para así reducir la piratería). La bula, que en mi opinión no cabe calificar sino de progresista, también se ocupó de dar carta de naturaleza a los pactos entre los obispos y los aborígenes todavía sin convertir que permitiesen la predicación en sus territorios, los llamados bandos de paces, con lo que, en la práctica, extendió la protección hacia los canarios no cristianizados, con tal de que tuviesen relaciones pacificas y de subordinación con las iglesias.

Isabel la Católica llegó a la corona de Castilla, por lo tanto, con unas cuantas décadas de trabajo previo realizadas por obispos locales, papas y alguna figura especialmente señera, como la de fray Alfonso de Bolaños, quien predicó con gran éxito en aquel futuro asilo de centroeuropeos. El elemento distintivo de la reina castellana es que abrazó estos conceptos con menos vacilaciones que sus antecesores. De 20 de septiembre de 1477 es una cédula en la que la reina dice: Nos es fecha relación e somos ynformados que algunas personas han traydo algunos canarios de las yslas de Canaria, que son cristianos e otros que están en camino para se convertir a nuestra Santa Fe católica, e los venden como esclavos diziendo ser esclavos. E porque lo tal sería cosa de mal exemplo e dar cabsa a que nynguno se quisiere convertir a la Santa Fe católica, Nos queriendo remediar en ello, mandamos que todos y cualesquier personas, omes e mugeres que son traydos, canarios de dichas yslas, non consystays que se vendan nin se repartan mas que los tengades todos en secrestaçión y buena guarda.

Esta manda de la reina deja bien claro que el concepto inicial contra la esclavitud de los aborígenes no fue, en modo alguno, la consideración de sus derechos inalienables, sino el obstáculo que ello suponía para la conversión y la labor evangelizadora.

Probablemente, la acción más importante que abordó la reina en este terreno fue el fomento de los bandos de paces. Como ya hemos citado, un bando de paces era un pacto entre los misioneros y los jefes tribales canarios; los primeros obtenían el derecho de predicar a las gentes del territorio controlado por el jefe, mientras que éste obtenía inmunidad frente a los piratas negreros. La política de la corona castellana fue fomentar estos bandos lo más posible.

Sixto IV promulga en 1472 la bula Pastoris aeterni, que viene a ser como la redactada en su día por su antecesor Pío II, sólo que estaba vez los beneficiarios de la misma ya no sólo son andaluces, sino también castellanos, aragoneses, navarros y portugueses. Las coronas castellana y aragonesa designaron comisarios de la bula, y en todos estos reinos se establecieron algo así como oficinas de recaudación de limosnas y aportaciones. Fue todo un crowfunding a lo bestia para financiar la colonización canaria y de la costa guineana.

Cinco años después (1477), sin embargo, la cosa cambia de forma significativa. Los reyes Isabel y Fernando incorporan a su Corona el derecho de conquista de las islas mayores canarias (Gran Canaria, La Palma y Tenerife). A partir de ese momento, para los monarcas el tema ya no consistirá, como hasta entonces, en apoyar la política papal al respecto de los aborígenes, sino en tener una propia política respecto de los mismos. Y, como veremos ahora mismo, lo harán como tenía por costumbre este matrimonio: sin vacilar ni pararse en grandes escrúpulos legales.

Lo primero que hicieron los reyes fue garantizarse, mediante el asesoramiento de conspicuos juristas, que el texto de la bula Pastoris aeterni no sólo amparaba el trabajo con los canarios convertidos, sino el derecho a someter por las armas a los no convertidos. Evidentemente, los juristas no iban a decir otra cosa; pero la verdad es que ese concepto quiebra bastante el espíritu de la bula y de la evangelización de los aborígenes africanos en general practicado por Roma de décadas atrás. Ya la cosa deja de ser enviar a unos frailes amables que, por la fuerza de la palabra, iban a convencer de que Dios te ama y tal; ahora, además, los reyes católicos se sienten con derecho a conquistar por la fuerza a quien se les quiera oponer.

Lo siguiente que hicieron fue quedarse con la mucha pasta que estaba moviendo el crowfunding (algo que Isabel hizo muchas veces, con muchas instancias, durante su reinado). Se dirigieron a Pedro de Setién, mercader burgalés que operaba como tesorero general de la bula, y le dijeron que aun sabiendo que para liberar fondos (cuantiosos) de las limosnas necesitaba la autorización del misionero general de Canarias, fray Alfonso de Bolaños, y sobre todo de Fray Juan de Bobadilla, nuncio y comisario de la bula, pues que ellos habían decidido quedarse con la pasta. Una cédula del mismo día ordenaba a los tesoreros de todas las diócesis que le transfiriesen la pasta a Pedro de Setién, obviamente para que se la diese a los reyes.

Los reyes católicos, por lo tanto, dieron un volantazo a la política africana, que dejó de financiar una evangelización para financiar una invasión militar. Los defensores de esta medida se ocupan de recordarnos que la medida contó con la aprobación, en ocasiones apasionada, por parte del obispo de Rubicón, fray Juan de Frías; del comisario apostólico de las misiones, fray Alfonso de Zamora; y del nuncio y comisario de Guinea fray Andrés de Zumis; pero también es cierto que cabe preguntarse con cuánta independencia de criterio contaron todos ellos para tales apoyos, o para negarlos. Alonso de Zamora, por cierto, fue rápidamente recompensado con el cargo de capellán real...

Recordemos, en todo caso, que Francisco Ortiz, nuncio pontificio en España, llevó a cabo una tenue oposición a la medida real y llegó a embargar fondos de las diócesis; pero ni pudo ni quiso ser oposición seria a las intenciones de los reyes.

El planteamiento netamente bélico de la operación de Castilla y Aragón en Canarias, además, redujo las garantías antiesclavistas de los aborígenes locales. La guerra ya no se concebía como una cruzada (enfrentamiento con un infiel organizado) sino como conquista evangelizadora (acción bélica necesaria para obtener la conversión de paganos). En el marco de estas acciones, aquellos paganos que se sometiesen mediante bandos de paces o cualquier otro tipo de rendición quedaban liberados de la esclavitud; pero no así los cautivos de buena guerra, esto es, los que lo fueren en enfrentamientos armados y no hubiesen declarado pleitesía, que sí podían ser esclavizados.

Además de estas normas que ya eran lesivas para los canarios, está el hecho de que los reyes, sí, estipularon normas de respeto para su guerra isleña; pero que los soldados y mandos que allí fueron las cumplieran, es otra cosa. Lo cierto es que las tropas peninsulares que se llegaron a Canarias cometieron con los naturales de las islas desafueros sin cuento. Y no le cabe a los reyes católicos mucha indulgencia en ello pues, en el caso de las Canarias, no fueron los principales depredadores gentes del pirateo colocadas más o menos fuera de la ley, sino los propios representantes de esa misma ley. Nadie tuvo actuación peor en ese entorno que los gobernadores Fernán Peraza, señor de la Gomera (que acabaría asesinado por los gomeros); Pedro de Vera, de Gran Canaria (que acabaría cesado por los propios reyes); o Alonso de Lugo, de La Palma y Tenerife, quien también se las hubo de ver tiesas con sus majestades.

Fue Peraza quien comenzó la lista en 1477. En dos barcos llegados de Palos y Moguer, consiguió apresar a un centenar de gomeros adultos, los metió en los barcos y los embarcó a Andalucía, con la intención de venderlos como esclavos. Sin embargo, al llegar estos barcos a la península, los reyes, enterados de la jugada, decretaron el embargo de las naves con su cargamento, y nombraron a dos jueces especiales, Andrés Villalón y Nuño Ramírez, para que dirimiesen la situación de aquellos gomeros. Los jueces, finalmente, dictaron una sentencia en todo favorable a los gomeros secuestrados. Verdad es que los clérigos de la isla, verdaderos fautores de la reacción regia en favor de los pobres gomeros, declararon que todos ellos habían recibido los sacramentos e incluso satisfecho los diezmos, por lo que su cristiandad quedó fuera de toda duda.

Una vez producida la sentencia, sin embargo, se presentó el problema de que algunos de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Canaria ahora declarados libres habían sido ya vendidos. Por ello, los reyes designaron a dos habilitados, Juan de Aranda y José Sánchez de Villarreal, para que los buscasen, los arrancasen de las manos de sus erróneos propietarios, y los pusieran a disposición de los sacerdotes para su repatriación a La Gomera. Los falsos propietarios podían reclamar el dinero pagado, pero en modo alguno retener a sus esclavos, pues no lo eran.

Los gomeros regresaron en junio de 1478, acompañados por su mayor defensor, el obispo Juan de Frías, en los barcos que integraron la expedición evangelizadora de la isla de Gran Canaria. Pero no terminó para ellos la odisea, pues fueron retenidos al servicio de dicha expedición, hasta el punto de que meses después la propia Isabel debió redactar órdenes al gobernador Pedro de Algaba para que los devolviese de una puta vez a La Gomera.

Conviene destacar, por último, que, como es lógico, los gomeros, después de aquella movida, quedaron bastante malquistos con Peraza, el cual no dejaría de tener problemas en los años siguientes. Los habitantes de la isla, de hecho, volvieron el rostro hacia Enrique el Navegante, rey portugués, con el que firmaron varios bandos de paces que, en la práctica, colocaban la isla en la órbita de los predicadores portugueses. Lo hicieron, más que probablemente, para negar la autoridad de Peraza, quien años después hubo de reclamar de la Corona la autorización para tomar medidas policiales de sometimiento de los gomeros a su autoridad. La cosa terminaría mal, muy mal, como espero que tengamos la ocasión de ver.

La conquista de Gran Canaria tomó seis años, de 1478 a 1484. Juan de Frías fue el principal muñidor de la operación, con la ayuda, como segundo, del deán de la sede de Rubicón, Juan Bermúdez. Juan Rejón, Pedro de Algaba y Pedro de Vera fueron, sucesivamente, el brazo armado de la expedición, pero siempre bajo el mando de los frailes.

En 1480, el guanarteme o rey de Telde se rindió a Pedro de Vera. Tras esta rendición se firmó el llamado Pacto del Real de Las Palmas, un documento importantísimo que otorgaba a los canarios los mismos derechos que a los castellanos; sin ir más lejos, les reconocía el derecho de residencia. Un documento con el que Pedro de Vera intentaría limpiarse el espacio internalgas varias veces. En mayo de 1481, el ya cesado guanarteme y su séquito noble se entrevistaron con los reyes en Calatayud, obteniendo la total sanción de la Corona para el pacto.

No obstante, como ya hemos insinuado, no todo fue tan bonito. En la guerra de Gran Canaria hubo muchos locales que fueron cautivos de buena guerra, esto es, combatiendo contra los españoles sin mediar pleitesía ni deseo de conversión alguno. Todos éstos fueron vendidos como esclavos, fundamentalmente en Andalucía. La única excepción notable fue el guanarteme de Gáldar y sus gentes. El régulo canario fue apresado en febrero de 1483, llevado a España a presencia de los reyes y allí bautizado con el nombre de Fernando. Fernando Guanarteme, quien ahora portaba su antiguo título como apellido, se ofreció a volver a las islas junto con unos cuarenta fieles parientes suyos para colaborar en la pacificación.

Lo verdaderamente importante, en todo caso, es que las  depredaciones de los capitanes peninsulares alcanzaron más allá de los relapsos cautivos de buena guerra. Los que se rindieron bajo seguro, esto es, aceptando la evangelización, fueron desterrados de la isla por Pedro de Vera, quien envió a la península extraños informes sobre graves peligros para la seguridad pública que se derivarían de su permanencia. De esta manera, la Corona incumplió sus propias reglas. La mayoría fueron trasladados a Andalucía, donde el trato fue bastante malo. Los cristianos viejos andaluces consideraban a aquellos canarios cristianos nuevos, que lo eran además por conveniencia, y recelaban de ellos. Fernando Guanarteme, en su segunda visita a la península (1485) abogó a favor de estas personas, que se habían convertido en una especie de lumpenproletariado andaluz, y consiguió que se redactase una ordenanza de protección, pero de difícil aplicación. La ordenanza se dirigía a Juan Guillén, alcalde de Sevilla (lo que sugiere que fue en la ciudad donde se establecieron mayoritariamente), y le encomendaba que les buscase “señores a quien servir”, lo cual sugiere que los sevillanos se negaban a emplearlos; así como a que fuesen “castigados prudentemente” si no observaban la doctrina y costumbres cristianas, lo cual viene a sugerir que la conversión de aquellos grancanarios era, probablemente, muy superficial. 

Existen testimonios de que muchos acabaron por regresar a la isla, lo que provocó protestas de las autoridades, que temían un levantamiento. Los reyes reaccionaron recordando que el regreso sólo había sido garantizado a los cuarenta parientes de Fernando Guanarteme, y que el resto debían ser expulsados. No obstante, hecha la ley, hecha la trampa. Los castellanos no lograron, como pretendían, monopolizar la población de Gran Canaria, pues muchos de los expulsados se las arreglaron para volver. Por ejemplo, no pocos de ellos acabaron alistándose en las operaciones de conquista de La Palma y Tenerife, lo cual, una vez terminadas las operaciones militares, les dió derecho a regresar al hogar en su condición de veteranos de la Corona. Estos grancanarios semirretornados formaron una minoría en Tenerife, una especie de grupo canario supra-canario, que reclamaba ser tratado como castellano. En el 1500 realizaron innúmeras gestiones con el objeto de recuperar los bienes que se les habían arrebatado originalmente.

Todavía en 1514, los celosos miembros de esta minoría tinerfeña de origen grancanario se reunieron para solicitar de la Corona la exención del servicio militar fuera de las islas para los miembros de su grupo. La reclamación que realizaron desborda racismo intra-insular: (...) que por tener nombres de canarios pierdan nuestras personas, que no tienen que fazer con los naturales de otras islas, es a saber: guanches, e palmeses e gomeros, llevándoles, como les llevamos, muchas ventajas en todo, e hablamos e somos habidos por propios castellanos. El texto, verdaderamente sugiere que estos canarios de elite podrían incluso haber renunciado hasta a su acento al hablar. La reina Juana, por cierto, les concedió lo que pedían.

En toda la Historia de las difíciles relaciones, por decirlo de alguna manera, entre los castellanos y los canarios, ocupa una figura central Pedro de Vera, que fue, como hemos dicho, capitán de las tropas que conquistaron Gran Canaria. Vera era jerezano y de natural desconfiado. Por lo que sabemos, nunca debió creer demasiado en el Pacto del Real de Las Palmas, hacia el cual debía de tener, dicho sea para entendernos, una actitud parecida a la de Donald Trump hacia el pacto firmado por Barack Obama con Irán.

Dado que el pacto había allegado a los cuarteles castellanos a muchos canarios, Vera diseñó una operación de castigo contra los guanches de Tenerife para la que reclutó a muchos de esos grancanarios. Para engañarlos realizó una estratagema que causó gran escándalo en Castilla, puesto que llevó a los canarios a una misa y allí, tomando una hostia no consagrada, se volvió hacia ellos mostrándola, haciéndoles creer que era una forma sagrada, y ante ella juró la expedición contra los guanches. Los canarios, creyéndose amparados por la fe, se apuntaron. Pero Vera, claramente, se los quería llevar a Andalucía; lo que pasa es que los canarios, cuando contaron varios días sin ver tierra, se amotinaron en los barcos y le hicieron regresar a Lanzarote, donde se quedaron. Parece ser, sin embargo, que en algún otro momento Vera consiguió llevar a cabo sus planes con un barco que llegó a Andalucía con un cargamento de grancanarios que fueron vendidos como esclavos.

Lo más probable es que fuesen vendidos, pues de haberse descubierto la operación, con seguridad hoy conservaríamos alguna cédula real sobre el tema. Sin embargo, hay otras pruebas de todo aquello, entre las cuales quizás la más interesante sea el testimonio de una mujer, conocida como Juana la Canaria.

Según las confesiones de Juana, ésta, cuando llegaron los castellanos a Gran Canaria, había decidido convertirse, con lo que obtuvo la libertad. Fue entonces cuando Vera montó la expedición a Tenerife (la de la hostia falsa), a la que parece ser se apuntó el marido de Juana aunque, sospechando una celada, finalmente decidió no presentarse.

Vera, en represalia, tomó presa a Juana y la embarcó a la península, donde fue vendida como esclava a un propietario jerezano llamado Nicolás Muñoz. En 1490, siete años después, el sobrino de Juana, Juan de Guzmán, reclama la liberación de su tía. Ante Gonzalo Sánchez de Castro, juez especial de la causa, Juana demostró no haber sido tomada en conquista (o sea, no ser una cautiva de buena guerra, por tanto susceptible de ser esclavizada), por lo que fue declarada horra (convertida).

Éstos y otros desafueros de Vera y de otros capitanes castellanos provocaron una continuada labor de denuncia por parte del obispo Juan de Frías y de su sucesor, fray Miguel López de la Serna. A ambos deben no pocos canarios la poca o mucha libertad de que pudieron disfrutar. El tráfico de denuncias y de comprobaciones no debió de ser fácil, porque la decisión real ordenando investigar todo el escándalo se remonta al 13 de febrero de 1495, once años después de la conquista de las islas. Por dicha providencia se ordena a Alfonso Fajardo, recién nombrado gobernador de las Canarias, realice una auditoría plena de lo sucedido.

Las medidas que se tomasen, en todo caso, no debieron de ser muy efectivas, pues todavía en 1505 se producen denuncias por parte de canarios, tanto de los que quedaron en las islas como los que estaban en la península, en el sentido de que, a pesar de ser cristianos y libres, en la práctica están bajo la dominación de sus señores o empleadores quienes, sin tener título para ello, ejercían la plena disposición de sus personas.


Y hay bastante más que contar. Supongo que el siguiente capítulo deberían ser las violencias ocurridas en La Gomera, en las que Peraza habría de perder la vida, y sus consecuencias. Echad un silbo (gomero), y os la cuento.