miércoles, enero 10, 2018

Los reyes católicos y los canarios (algunas notas más)

Después de habernos empapado sobre la odisea de los grancanarios durante la dominación de las islas por Castilla, así como de los problemas planteados con palmeros y guanches, terminamos estas notas sobre las relaciones entre los reyes católicos y los canarios con algunas notas más.



Además de los juicios celebrados en Canarias, la denuncia formal contra Alonso de Lugo por los desafueros cometidos contra los palmeros llegó con relativa rapidez (cosa de un año) a la península. La principal portavoz de los canarios en Madrid, pues ahí estaba asentada la Corte en ese momento, fue Francisca Gazmira, a quien ya hemos visto anteriormente fomentando los bandos de paces en la isla de La Palma.

En la denuncia, publicada a principos de 1495 por real cédula, se admite por totalmente cierto que los palmeros que habían sido atraídos por bandos de paces colaboraron con Alonso de Lugo en la invasión de la isla y que, una vez completada esta labor, se convirtieron al cristianismo e se casaron los ombres con sus mugeres, es decir, aceptaron, primero que todo, el sacramento del matrimonio. Pero ya se sabe que una vez metido, no hay nada de lo prometido. La denuncia reproduce aquí las palabras de Francisca Gazmira o De la Palma: queriendo venir a Castilla, el dicho Alonso de Lugo embió a decir con la dicha Francisca de la Palma que quería, para más seguro estar de los dichos canarios, que le diesen en rehenes, para que traxese consigo algunos de sus fijos e fijas; e que los traería a la nuestra Corte para que Nos viésemos más su firmeza y lealtad. Los cuales, creyendo que lo susodicho sería asy verdad, le dieron cada uno, uno de sus propios fijos e fijas. Los cuales diz que traxo consigo el dicho Alonso de Lugo, e los vendió por cabtivos.

Alonso de Lugo, por lo tanto, engañó a sus propios aliados para poder hacer negocio con sus hijos. Probablemente sabiendo que esto acabaría por darle problemas con los reyes, decidió oficializar su celada denunciando a los soberanos la pretendida deslealtad de los palmeros que habían firmado los bandos de paces (y sobre la que algo de cierto hay, pues solían ser solidarios con los rebeldes clandestinos). No contento con lo que había hecho, a su vuelta prendió a 200 aborígenes que vivían en las Cuevas de Ferrera. La denuncia de los reyes admite que aquellos canarios que fueron apresados lo fueron estando ellos en su pacífica paz, e los traxeron a estos nuestros reynos e los vendieron por cabtivos, e [Alonso de Lugo] los tomó sus ganados e otras cosas que ellos tenían e heran suyos.

De hecho, Gazmira explica en la denuncia que, enterado Alonso de Lugo de su intención de ir a España a denunciar el tema, la prendió e incluso le embargó cabezas de ganado que eran suyas. La canaria, sin embargo, fue capaz de escapar del presidio y encontrar barco para ir a la península, lo cual sugiere que en La Palma existía entonces una estructura clandestina de cierta importancia.

La cédula de 28 de febrero de 1495, finalmente, empodera al bachiller Alonso Fajardo, que acababa de ser nombrado gobernador de Gran Canaria, para que realizase una completa auditoría y la remitiese al Consejo Real. Hoy en día sabemos que ese informe se presentó aunque, desgraciadamente, su literal está perdido.

Tres años después, en 1498, se produce una nueva denuncia. En este caso el denunciante es Rodrigo de Betanzos, y las personas defendidas en la misma los guanches que habían acordado bandos de paces. De Rodrigo de Betanzos poco sabemos, salvo que no era canario. Su nombre puede llevar a pensar que era gallego, pero eso tampoco está claro (Alonso de Lugo, sin ir más lejos, era andaluz). Todo parece indicar que debió ser uno de los capitanes que acudieron a la conquista de las Canarias por la espada; pero que, al contrario de otros de sus compañeros, cuando vio lo que allí se estaba haciendo decidió denunciarlo, por reputarlo escandaloso.

Denuncia este Rodrigo de Betanzos respecto de los guanches que aviéndose convertido a nuestra Santa Fe católica, e seyendo christianos e libres, el dicho Alonso de Lugo, a buelta de los otros cativó e tomó e conquistó de la otra tierra que non era de los dichos vandos [de paces] diz que tomó e cabtivó fasta mil ánimas de los susodichos vandos de Dexa e Bona e Guymar, e que ha vendido parte dellos, seyendo christianos e de las dichas paces.

El denunciante solicitaba que todo esto fuese investigado, previsión que fue totalmente aceptada por los reyes en cédula expedida en Alcalá de Henares el 29 de marzo de 1498. Pedro de Maluenda, juez de términos y suplicaciones de Sevilla, fue encargado de hacer averiguaciones específicas, dado que la mayoría de los guanches afectados residían allí. El obispo Diego de Muros se encargaría de las averiguaciones en las propias islas.

El Consejo Real, por su parte, tuvo noticia de que había en Tenerife 300 guanches de paces cautivos, y actuó a tiempo para impedir incluso su embarque hacia la península. El recién nombrado gobernador de Gran Canaria, Lope Sánchez de Valenzuela, llevó a cabo la misión. Se presentó en Tenerife con la cédula y ordenó pregonarla por toda la isla; y, según denunció amargamente Alonso de Lugo, se presentó con un guanche que andaba de casa en casa, informando a los habitantes de que todos los guanches (residentes en territorio de bandos de paces) eran horros y, por lo tanto, intocables.

Los guanches que estaban presos en Tenerife tuvieron suerte. Estaban bastante localizados, todo el mundo los conocía y, nada más llegar a la isla Valenzuela con la cédula, su libertad era cosa hecha. Pero el caso de los que habían llegado al puerto de Sevilla y se habían desperdigado por la península era otra cosa. Pero la actitud de los reyes es incuestionable. Hay que recordar en este punto, muy especialmente, el caso de Juan Manuel, un canario guanche amparado por los bandos de paces, que se erigió en denunciante de la situación de sus coetáneos en la península. Pero no sólo hizo eso, sino que elevó a los reyes una denuncia específica sobre en qué medida se habían enriquecido con la venta de esclavos personas muy poderosas del reino, como el duque de Medina Sidonia. Los reyes no sólo no lo represaliaron por ello, sino que le concedieron una carta de seguro por la cual Juan Manuel se convirtió en protegido de la Corona e intocable.

Cuando los reyes católicos entraron en Sevilla, en diciembre de 1499, se encontraron, entre otras cosas, con numerosas delegaciones de canarios residentes en el área, que como ya hemos dicho eran la mayoría de los esclavizados en su día sin motivo ni razón, exigiéndoles reparación del desafuero. Hubo tiempo de sobra para dichas presiones, puesto que la Corte estuvo en Sevilla toda la primera mitad del año 1500, para luego pasar año y medio en Granada y después volver a Sevilla. Los reyes no abandonaron la zona hasta febrero de 1502.

Ante la avalancha de denuncias, los reyes encargaron el asunto a los alcaldes de casa y corte, bachiller Juan Díaz de la Torre y licenciado Luis de Polanco. Se aplicaron en su trabajo, pero los propietarios de esclavos, en buena parte, reaccionaron trasladándolos a Cádiz, hasta donde no llegaba la jurisdicción de los alcaldes sevillanos. Los reyes, por su parte, reaccionan otorgándoles una legitimidad ilimitada.

Muchos autores califican esta investigación, a la que finalmente hubo de unirse Juan de Silva, conde de Cifuentes, como una auténtica Causa General contra la depredación de los aborígenes canarios por parte de los conquistadores castellanos de las islas. Muy probablemente lo fue, aunque su resultado nos ha sido hurtado por las vicisitudes de los documentos con el tiempo. Todo hace indicar, en todo caso, que la decisión final fue en todo favorable a los canarios, puesto que, tras la sentencia que sabemos se falló, las protestas de los canarios residentes en la península cesaron, lo cual hace pensar que sus demandas fueron atendidas en lo esencial.

En fin, como puede verse, en realidad antes de que se produjese la polémica sobre los derechos de los aborígenes de las tierras americanas (asunto sobre el que también diremos algo), Castilla tuvo que enfrentarse a la duda sobre los derechos de otros aborígenes, habitualmente olvidados como tales, que son los canarios.

En el trato a los canarios, los reyes católicos, muy particularmente Isabel, operaron con la doblez propia de estos monarcas, que los ha convertido, en ocasiones, en modelo de figuras como el príncipe de Maquiavelo. Hay que reconocer que lo primero que hicieron los reyes católicos fue asegurarse la invasión y posesión de las Islas Canarias, que en ese momento no estaba tan clara teniendo en cuenta la presión que sobre las mismas ejercían los portugueses. Para ello, los reyes no dudaron en declarar aquel lugar como reo de conquista, y no pararon demasiado en los derechos de sus habitantes.

Los defensores del progresismo de Isabel y Fernando suelen recordar que desde el primer momento los reyes expresaron una sensibilidad extraña en su tiempo. Es cierto. Los reyes convirtieron lo que el propio Papa había considerado como cruzada en una guerra de evangelización; un cruzado invade y domina los lugares que encuentra por el bien de Dios, si es necesario esclavizando o masacrando a quien se encuentre; un luchador de la evangelización busca que las poblaciones que encuentre se conviertan al cristianismo y, por lo tanto, tiene un freno adicional: no sólo no ha de matar, prender o esclavizar a quien se diga dispuesto a recibir el bautismo, sino que debe proveérselo y aceptarlo como un hermano de Fe. Es cierto, por lo tanto, que la conquista de las Canarias no fue una guerra de conquista a la antigua usanza. Pero no lo es menos que los reyes enviaron a aplicar esas reglas a personas abiertamente venales. Fernán Peraza, Pedro de Vera y Alonso de Lugo, el verdadero trío de la bencina de la conquista Canaria, eran delincuentes con placa, policías corruptos, personas de bajísima catadura moral a las que se otorgó, dicho sea en términos de teoría del Derecho, el monopolio de la violencia en Canarias. Los reyes no podían desconocer esa realidad; no pueden aducir, ante el tribunal de la Historia, que se equivocaron (tres veces, tres) enviando a la lucha a personas que creían que seguirían sus instrucciones pero no lo hicieron. Isabel y Fernando, como, digamos, autores intelectuales de la conquista y dominación de las Canarias, son responsables de las ilegalidades cometidas por sus habilitados.

Esto, sin embargo, les duró lo que les duró la conquista. Lo que les duró la sensación de que las Canarias podían ser suyas, o no. Lo que sí hay que reconocerles es que, desde el momento en que tuvieron consciencia de que su dominio sobre las islas podía considerarse consolidado, no cejaron en el intento de darle o devolverle a los canarios convertidos lo que era suyo, es decir, la libertad y el derecho de, más o menos, ser ciudadanos normales (aunque sobre la difícil convivencia de canarios y godos durante todo el siglo XVI se podrían escribir palimpsestos; sobre todo en las primeras décadas, que hubieron de convivir con un fuerte contingente de guanches rebeldes asilados en las montañas y asistidos por sus compatriotas de los bandos de paces).

El principio general establecido es un precedente de los derechos humanos: aquél que ha aceptado a Dios tiene derecho a ser libre (el único paso que falta es sustituir aceptar a Dios por ser un miembro de la raza humana). Los guanches, palmeros, grancanarios y mediopensionistas canarios del siglo XVI que fueron asediados, encarcelados, vendidos como esclavos, por personas que tenían el aval de los mismos reyes que los persiguieron, tuvieron de su Estado veinte mil veces más amparo jurídico del que tendrían, trescientos años después, otros indígenas que tuvieron la mala suerte (sic) de tener que entendérselas con la Luminaria de la Civilización Mundial, que le da lecciones de progresismo a cualquiera mientras se apiola arapahoes, pies negros, cipayos, zulúes y lo que se le pone por delante; y para qué hablar de los fautores de la Ilustración y la Liberté, Egalité y Fraternité pour moi, algunas de cuyas excolonias son, todavía hoy, los países más pobres del mundo. Porque quienes tienen a gala decir que España ha sido siempre un agujero negro de brutalidad y fanatismo no pueden exhibir legajos donde se describan las declaraciones frente a los reyes de Juan Manuel, de Francisca Gazmira, de Beatriz de Gazmira, de Pedro Canario, de Juana Canaria, de Alonso Canario, Juan de Moya, de Miguel Martín y Leonor de Morales (ambos incansables luchadores por los derechos de sus compatriotas), de Diego Canario; de tantos y tantos y tantos aborígenes canarios que tuvieron el derecho, y lo ejercieron, de presentarse frente a una Corte para denunciar su esclavitud innoble y reclamar todo lo que habían poseído hasta que les había sido robado.


Cada palo, que aguante su vela.